El abandono a los mayas... y a nuestro futuro (Segunda de dos partes)
El abandono a los mayas... y a nuestro futuro
(Segunda de dos partes)
Por: Juan Carlos Faller Menéndez
La deforestación a gran escala vino a Yucatán hace siglo y medio, con la maldición del henequén, cuando Mérida y 60 municipios circundantes implantaron la esclavitud de lxs mayas y el monocultivo del agave. En la “zona henequenera” dejó de hacerse milpa y sólo hubo maíz en las tiendas de raya, a precios de deuda eterna.
A decir de un testigo de calidad, en 1908 había en Yucatán 300 mil mayas, de lxs cuales 125 mil eran esclavxs y lxs demás sobrevivían en condiciones de servidumbre y marginación. Había además ocho mil esclavxs yaquis traídxs de Sonora (en flujo constante pues solían morir a los pocos meses) y tres mil esclavxs coreanxs.
Las cifras son del periodista John K. Turner (“México bárbaro”, capítulo 1), quien bajo el disfraz de inversionista extranjero logró obtener información de los mismos esclavistas, es decir, de los dueños del henequén. El “oro verde” fue la fortuna de algunxs, la esclavitud de muchxs y la miseria de casi todxs.
(Turner visitó también otras partes de México bajo varios disfraces para ver la esclavitud y la miseria ocultas a los ojos del mundo por el poder dominante. Sus reportajes se publicaron en 1909 en Nueva York y marcaron el declive del porfiriato.)
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Las cifras hablan con fría elocuencia sobre el daño tremendo que ha sufrido el pueblo Maya en las últimas décadas. Dice Turner que en 1908 el 95% de la población yucateca era Maya, y por tanto Maya-hablante; en 1990, ocho décadas después, el porcentaje había caído a menos de la mitad: sólo el 44% de la población era Maya-hablante.
En noviembre de ese 1990, México fue el segundo país firmante del Convenio No. 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, cuyos dos postulados básicos son: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
México fue el segundo país firmante del Convenio 169 pero nunca lo cumplió. Como muestra, en 1992 se modificó el Artículo 27 de la Constitución para permitir la comercialización de los territorios indígenas, mientras se negociaba con Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio (TLC) con enormes implicaciones y presiones para el agro mexicano. Nunca se tomó en cuenta el parecer de los pueblos originarios.
(El primero de enero de 1994, día inaugural del TLC, la noticia fue otra: la irrupción del “¡Ya basta!” de los indígenas zapatistas de Chiapas, grito de exigencia y exasperación ante los etnocidios en curso. La revolución zapatista de aquel año es –hoy como entonces– la voz de una conciencia colectiva contra la opresión criminal de los poderes fácticos contra los pueblos originarios. Porque gobiernos van y gobiernos vienen cambiando siglas y colores y discursos, pero a ojos vistas los acuerdos no se cumplen, la actitud oficial no cambia y todo empeora.)
En 2007, ante el imparable deterioro de los pueblos originarios en todo el mundo, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dándole mayor relevancia –al menos en papel– a los acuerdos del Convenio 169 de la OIT.
Pero el deterioro sigue y se acelera. Porque si de 1908 a 1990 el porcentaje de Maya-hablantes en Yucatán había caído del 95 al 44%, en las siguientes tres décadas el porcentaje casi se redujo otra mitad: en 2020 menos del 24% de la gente era Maya-hablante (INEGI).
(La noticia se publicó en el diario PorEsto! el pasado 30 de junio, junto con las declaraciones del director del INDEMAYA, que sin pena ni empacho dijo que “la lengua y la cultura Maya están más vivas que nunca”).
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Como sucede con otros pueblos originarios de América, el pueblo Maya es la última defensa contra la destrucción acelerada de los recursos naturales. Por ello, el “Posicionamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal ante el violento e ilegal avance del mal llamado tren maya”, hecho público el pasado 23 de junio, es de suma importancia.
“Exigimos que se cancele el proyecto mal llamado tren maya y que el presupuesto aprobado, que es de alrededor de 170 mil millones de pesos, se destine a la construcción de hospitales y compra de medicamentos para atender la pandemia de COVID-19, priorizar la vida y no los intereses de un grupo de empresas extranjeras. El presupuesto destinado a turismo y al mal llamado tren maya tuvo un incremento del 700% en comparación con el 2020, mientras que el sector salud tuvo un incremento del 9.1 % (...); así de lamentable es la austeridad republicana que limita el acceso a la salud como un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, pero da rienda suelta con el presupuesto en beneficio de empresas y consorcios que construyen su tren que le han mal llamado maya”, dice el documento en su parte final.
Porque la generosidad presidencial para con el tren y sus empresarios sólo se compara con su tacañería y frivolidad en cuanto a la salud pública. Y en ambos casos, para colmo de enredos éticos y morales, están implicadas y embarradas varias dependencias de la misma ONU: en el desabasto de medicinas es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en Inglés), y en el mal llamado tren maya las involucradas –en calidad de traidoras mercenarias– son el PNUD, el ONU-Hábitat y la UNESCO, que han aceptado como válida y buena la grotesca simulación de “consulta indígena” del presidente López sobre el tren y han tomado el bando de los pesos y los centavos y los hechos consumados.
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“Para recuperarnos de los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado lunes 21 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La acción concertada más obvia y consecuente por parte de la ONU sería, para el caso de un proyecto como el mal llamado tren maya –que viola flagrantemente la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”–, dejar de colaborar con él; es decir, que el PNUD, el ONU-Hábitat y la UNESCO renuncien al dinero del FONATUR y dejen de participar activamente en su promoción y lavado de imagen.
A todxs lxs demás nos corresponde aceptar la evidencia de que el pueblo Maya sigue siendo discriminado, marginado y acosado en casi todos los ámbitos, y que mientras eso pasa se siguen talando miles y miles de hectáreas de selva para sembrar transgénicos, y se siguen multiplicando las granjas de cerdos y otras industrias y mega-proyectos depredadores...
Aceptar esa evidencia irrefutable es el primer paso. El siguiente es ponernos del lado del pueblo Maya, porque éste merece existir –por justicia elemental– con dignidad y vigor, y porque es la única garantía que tenemos para la preservación de nuestros recursos naturales y nuestro bienestar futuro. ¡No al mal llamado tren maya! ¡Respeto irrestricto a los derechos del pueblo Maya! (J.C.F.M., Jo’, Yucatán, México, 05 de julio de 2021)
