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Paradojas de un modelo de transición energética/ Paradoxes of an Energy Transition Model


Fotografía Haizel de la Cruz


Ivet Reyes Maturano


El cambio climático y la transición energética son quizás dos de los problemas más destacados que dan forma a nuestro presente y futuro global. El primero se enmarca a menudo como una emergencia planetaria, con la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables como la respuesta coordinada más importante. La transición energética es un proceso sistémico que originalmente se concibió con el potencial de reconsiderar y apartarse de nuestro sistema económico actual, que se basa en una demanda de energía en constante expansión y una distribución desigual de la misma. Sin embargo, la principal política de transición energética de México se ha centrado únicamente en la expansión de la producción de energía eléctrica a partir de recursos renovables a través de la propiedad privada y la gestión público-privada. Sin embargo, más recientemente, el actual jefe del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, decidió reactivar el control estatal de la producción de energía y, en cambio, invertir fuertemente en la generación de combustibles fósiles.1


El resurgimiento de los combustibles fósiles en la política energética ha suscitado preocupaciones entre las agencias internacionales, las bases y los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, la atención de los medios se ha centrado principalmente en el debate entre el gobierno federal y las partes interesadas privadas de los proyectos de energía renovable (inversores, entidades financieras internacionales, empresas consultoras y grandes ONG). El estado reclama la propiedad de los recursos nacionales y la soberanía energética. Los desarrolladores privados elogian la rentabilidad económica de las energías renovables debido a la creciente demanda industrial de electricidad y la realidad del cambio climático. Mientras tanto, aumenta la presión económica y política mundial para acelerar la transición energética.2


Esta "Guerra de Titanes Políticos" sobre la propiedad y el control de la producción de energía sigue sin hacernos preguntas centrales sobre los patrones desiguales de consumo, acceso y los costos ambientales de la producción de energía. Las preocupaciones, los deseos, las necesidades y los desafíos que enfrentan las poblaciones locales en las áreas de México donde la mayoría de los megaproyectos de energía han aterrizado y aún se proyectan, son ignorados y silenciados sistemáticamente. En este artículo quiero abordar el desarrollo de este tipo de megaproyectos en Yucatán como una forma de violencia lenta. Me pregunto cómo han llegado estos proyectos y qué tipo de desafíos plantean los megaproyectos a los territorios locales. Finalmente, analizo cómo las poblaciones locales han vivido estos procesos. Para responder a estas preguntas, entrevisté a activistas de diferentes pueblos de Yucatán y analicé información sobre megaproyectos que mi colectivo Articulación Yucatán ha recopilado de documentos oficiales en los últimos cinco años. Mi objetivo es ayudar a poner en primer plano las voces y perspectivas de los activistas locales, subrayando que sus aspiraciones territoriales pueden ayudarnos a desentrañar una vez más el potencial de la transición energética.3


Yucatán: el territorio


Tenemos mucha conexión con la naturaleza, con la biodiversidad prácticamente y de esa manera está esa armonía que nosotros decimos, pero que no se tome eso de decir ‘¡ah es una armonía! ¡ah una comunicación con la naturaleza y que lo tomen como algo tonto, algo así ‘¡ah mira esos Mayas que se comunican con los árboles!’ – Jorge


El estado de Yucatán tiene una gran biodiversidad con ecosistemas que van desde dunas costeras y manglares, hasta bosque seco tropical. La región es un corredor importante para la migración de aves y alberga grandes recursos de agua subterránea en una geografía kárstica. Yucatán también es famoso por sus sitios arqueológicos mayas. Sin embargo, el pueblo maya no desapareció en un remoto pasado misterioso. Más bien, el 42% del total de la población yucateca se auto reconoció como indígena en el censo de población de 2020, la gran mayoría como mayas.4 Además, Yucatán se considera una región biocultural, 5 un término que reconoce el papel histórico de los mayas. y otras poblaciones locales en la producción6 y la preservación de los ecosistemas locales en sus prácticas culturales.7 Las prácticas productivas y culturales tradicionales locales como el sistema de milpa y la apicultura han contribuido a la creación de normas y valores con respecto al uso de los recursos. Las prácticas culturales locales brindan tal conocimiento de este territorio que el sistema de milpa fue la base para sostener la tenencia comunal de tierras del 57% del total de tierras del estado de Yucatán que, hasta 2017, continuaban siendo propiedad social o ejidos. 8 Sin embargo, el hecho de que los mayas solo sean celebrados y monumentalizados en su pasado arqueológico prehispánico, tomados como sujetos pintorescos de un paisaje turístico, recuerdos de viajes e incluso como el nombre de un proyecto turístico de desarrollo como el Tren Maya9, es más bien parte de la violencia sistémica que niega continuamente su vitalidad y actualidad10. A pesar de la riqueza biocultural, el territorio no es un paraíso. Se ha producido resistiendo y sobreviviendo a la violencia histórica. La violencia física y territorial contra los mayas y las poblaciones locales no se detuvo al final de la colonización española, sino que se interiorizó con el surgimiento y la institución del estado-nación independiente. Esta construcción impuso una visión de la modernidad como un futuro de un solo camino, negando la memoria y la agencia de la diversidad cultural local en las narrativas de crecimiento económico y desarrollo sostenible.


Desde la década de 1980, el estado mexicano ha implementado reformas estructurales legales y económicas que promueven un modelo de desarrollo impulsado por el mercado que retira el apoyo institucional y económico a los pequeños agricultores.11 Esto ha contribuido a la desigualdad legal y económica, al debilitamiento de los acuerdos de tenencia de tierras comunales, así como como estrategias productivas tradicionales en las zonas rurales. Si bien muchos mayas y hogares rurales en Yucatán continúan con la pequeña agricultura y el sistema productivo de la milpa, se han vuelto cada vez más dependientes de trabajos precarios fuera de sus pueblos, donde a menudo enfrentan el racismo.12 Todo el tiempo, instituciones estatales creadas para proteger los derechos agrarios y humanos de las poblaciones indígenas y rurales no han cumplido.13 Mientras tanto, los mercados nuevos y en expansión han agregado presión sobre los recursos territoriales en el siglo XXI.14


La desigualdad como atajo de implementación de megaproyectos renovables: brechas de información y violación de los derechos humanos.


Prácticamente llegaron, se asentaron, lo hicieron, lo armaron y listo. Yo así lo veo. – Esperanza


Nunca, yo no supe hasta casi el final y sí me inconformé y quería también hacer valer mi voz, que me escuchen pero pues me decían que no tengo derecho, que no tengo derecho a decidir, a votar o a decir algo porque ‘no es de mi incumbencia’ y bueno toda esa situación me molestó porque sí me incumbe. - Jacinto


El 10 de junio de 2016, Yucatán fue anunciado como el "gran ganador" de la primera subasta mayorista de energía a largo plazo en México. Nueve de los 18 megaproyectos "ganadores" se anunciaron en este estado. La subasta se enmarcó dentro de un conjunto de instrumentos legales que incluyen la Reforma Energética (2013) y la Ley de Transición Energética (2015) que se enfocaron en una rápida expansión de la producción de energía basada en la inversión privada para ayudar a abastecer la creciente demanda del mercado mayorista (mayor consumidores). La idea básica era promover este mercado y conseguir los precios energéticos más baratos, mientras que los desarrolladores buscaban una oportunidad de mercado.


De la noche a la mañana, Yucatán saltó al primer plano de la producción de energía renovable, que funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado celebraron conjuntamente como un hito para la transición energética.15 Sin embargo, como se refleja en las palabras de Esperanza y Jacinto al comienzo de esta sección, la población desconocía los proyectos y mucho menos el diseño e implementación de las políticas energéticas y climáticas.


Incluso antes del anuncio de la subasta, la política energética ya había comenzado a cambiar la dinámica local en áreas donde los desarrolladores buscaban establecerse. Los desarrolladores alquilaron parcelas para medir la capacidad de los recursos, establecieron contratos de usufructo de tierras y desarrollaron estudios técnicos para cumplir rápidamente con estos proyectos. Las empresas contrataron consultores que estudiaron los entornos locales, no fueron comunicativos en sus motivos y cambiaron la dinámica social de inmediato sin informar adecuadamente a las poblaciones locales.


Desde que pusieron la antena de prueba a lo que viene siendo actualmente, pues no había así apertura de qué es esa antena, hasta ahorita, pues con el despojo del territorio ya fue cuando más se vio aquí en el municipio de que ni beneficiaba, pero sí nos perjudicaba. – Dulce


De hecho está el ejemplo de Ticul. Ticul es una comunidad grande pero cerquita hay una que se llama San José Tibceh y está SAcalum, que es donde fue el empresario y dijo que iba a comprar creo 800 has de tierra para que ellos pudieran sembrar cítricos que el mismo pueblo iba a cuidar pero después dijeron que iban a poner paneles solares. O sea que muchas veces las empresas vienen disfrazadas de otras cosas. - Juanek


Los casos antes mencionados, referidos a Ixil y Ticul respectivamente, no son excepcionales sino paradigmáticos de la violencia derivada del modelo ET16. La política ET en México ha sido diseñada verticalmente para suavizar la llegada masiva de megaproyectos de energía renovable. Este enfoque es contrario a los derechos de las poblaciones indígenas a determinar el futuro de sus territorios.17 También contradice los tratados internacionales ratificados por México que reconocen el importante papel de la población local e indígena en la protección y preservación de la biodiversidad, así como de sus territorios. derechos.


La variedad de actores involucrados en el diseño e implementación de la política de ET, incluyendo el gobierno federal, consultores, grandes ONGs y entidades financieras internacionales, han conocido el gran potencial de energía renovable de Yucatán y su carácter biocultural.18 Sin embargo, lo han hecho. Se desconocen las características territoriales, los derechos del pueblo maya y los impactos socioambientales de estos megaproyectos como externalidades y propuestas de soluciones tecnocráticas. Como ejemplos, encontramos evaluaciones de impacto ambiental y social segmentadas, o simulaciones de procesos de consulta indígena que se realizan a posteriori, después de que se han decidido las políticas públicas y los proyectos ya se están implementando19.


A menudo, también, los desarrolladores se aprovechan de contextos rurales precarios, desplegando todo tipo de prácticas formales e irregulares, incluyendo sobornos a las autoridades locales y personas que terminan trabajando como intermediarios para los desarrolladores.20 Los funcionarios estatales y locales promueven repetidamente los proyectos utilizando nociones de 'beneficios'. 'y' energía limpia ', contribuyendo a difundir información errónea. En resumen, estos procesos tecnocráticos terminan sirviendo como mecanismos de imposición más que de evaluación y protección de derechos.21 La desigualdad es tan alta que los lugareños a menudo ceden a estos proyectos sabiendo bien que son promesas vacías.


Yo pregunté a varias personas de allá del pueblo en Maya, por supuesto, les pregunté ¿qué saben del proyecto?, ¿qué bueno van a traer?, Y pues ellos contestaban ‘No pues realmente no va a traer nada bueno. Realmente esto pues es obra del comisario, el comisario pues nos dijo que tenemos decir que sí porque si no, pues nos van a quitar los apoyos que tenemos. Sabemos que no trae beneficios, obviamente nuestro recibo va a ser lo mismo y sí nos va a afectar con nuestras abejas porque van a cortar, van a talar los árboles y pues sí, eso es malo y además sabemos que una vez que se corte, o sea que se tumbe o talen los árboles que son hectáreas, es muchas las hectáreas, las lluvias que supuestamente deben de caer o que deben de atraer los árboles para la siembra, pues ya no va a haber, vamos a tener muchas dificultades. Pero lamentablemente tenemos que decir que sí. […] Entonces es así como que impactante para mí […] No hay un beneficio, para nosotros como pueblos es muy claro. La historia de mis papás, la historia de mis abuelos […]O sea, no, el cambio es porque nos están obligando también, pues la misma necesidad. ¿O cómo decir esto?... Supervivencia ¿no? No es porque sea por voluntad sino es por supervivencia. Y ¡pues seguimos estando igual! - Jorge


Lo que es aún más desconcertante acerca de la incoherencia de este modelo de ET es la falta de voluntad para conocer o incluso tratar de comprender el alcance y las posibles implicaciones regionales de los impactos socioambientales de estos megaproyectos. A pesar de la extensión del suelo, sus masivas infraestructuras y cadenas de suministro necesarias para construirlos (afectando ecosistemas locales y extranjeros), estos megaproyectos se han enmarcado como un hito de la Política Mexicana de Cambio Climático, que prevé alcanzar una meta de producción de electricidad renovable de al menos 40% para el año 2033. Los promotores de esta política simplemente han equiparado la rápida expansión de la producción de energía renovable con la solución a la crisis climática.


A día de hoy, conocemos al menos 29 (17 parques eólicos + 12 parques solares) megaproyectos en diferentes etapas de desarrollo. En total, estos proyectos ocuparían más de 10.000 hectáreas de ecosistemas frágiles. Al día de hoy, se han completado cuatro proyectos y dos han sido suspendidos legalmente. Ya se han reclamado más de 2.000 hectáreas para estos megaproyectos.22 Esto incluye 700 hectáreas de bosque taladas para instalar paneles solares y 2.500 hectáreas más en áreas cercanas a reservas naturales y manglares ocupados para instalar turbinas eólicas. Aún no está claro cuáles son los impactos reales de estos cambios masivos. Al igual que en el caso de la evaluación de impacto ambiental, el seguimiento de los impactos ambientales es una responsabilidad que el Estado ha entregado a los desarrolladores de proyectos. En la raíz de los enfoques tecnocráticos se encuentra la doble hipocresía del Estado-nación que niega su responsabilidad en la extracción de recursos para la producción y la asignación inútil de esa responsabilidad a los desarrolladores privados.23 Continuar enfocándose en 'mejorar' los procesos tecnocráticos sin los mecanismos adecuados que Permitir información clara y participación en el diseño de políticas es redundante.


Los que tenemos conocimientos sobre el impacto ambiental negativo que pueda generar este tipo de parque estamos en la lucha para que no se amplié más pero con el temor de ser amenazados o que tienten con nuestras vidas, ya que en México muchas personas que han defendido a la naturaleza han muerto por amor al salvar bosques, flora o fauna. Ese el motivo por el cual a muchas personas les da miedo realizar las demandas públicas o asistir a una consulta ciudadana. - Yadira


En medio de la imposición, y la clara conciencia del desnivel, también está la indignación y la aspiración a que las cosas cambien. Algunos mayas han organizado movilizaciones y procesos judiciales para defender sus derechos territoriales y culturales. Tal es el caso de la Asamblea de base Muuch'Xíinball. Otros mantienen una lucha más tranquila. Ambos tipos de esfuerzos de protección territorial coinciden en reconocer que su batalla más importante no es en los tribunales, sino contra un sistema económico racializado que ha erosionado lentamente la gobernanza local, la memoria colectiva y la valoración territorial.


Los esfuerzos más urgentes de los activistas locales están dirigidos a sensibilizar a la población local y al público sobre el valor biocultural de su territorio. Saben mucho sobre las adversidades del cambio climático y tienen como objetivo proteger el medio ambiente, pero saben que este modelo de política de transición energética no es la forma de resolverlo y, en cambio, también será perjudicial para el planeta. También solicitan con urgencia a los académicos y las partes interesadas clave que reconozcan los conocimientos, valores, normas y aspiraciones tradicionales locales que se han negado. Saben que los conocimientos locales son valiosos para sustentar sus territorios.


Nada se restaura con multas millonarias, las personas no valoran lo que no ven como nosotros lo hacemos, nuestra conexión con la naturaleza nos ha hecho amarla, apre - ciarla, valorarla hasta el punto de defen - derla y seguiremos luchando y llevando educación ambiental a todas las comuni - dades hasta el día que todos logren amar y valorar lo que les rodea. – Yadira


Entonces si pensaran también esa idea que tenemos, no se aprovecharían de nosotros, pero pues al final de cuentas pues eso se toma como un juego, como una broma, como algo que no tiene mucha validez, y pues para los jueces y para los que no tienen esa mentalidad del pueblo, como piensa el pueblo, pues parecerían nada más tonterías, sin embargo, son normas que también nosotros tenemos. ¡Y también eso se debería de saber! - Jorge


Abordar el cambio climático como violencia nos ayuda a reconocer que esta crisis natural es antropogénica y, por tanto, un proceso histórico. Por lo tanto, también debería ayudarnos a indagar sobre los niveles desiguales de vulnerabilidad a los riesgos e impactos actuales del cambio climático, y presentar respuestas al mismo en diferentes regiones. Necesitamos escuchar a las poblaciones que se ven afectadas por las "soluciones" globales y cuestionar nuestras desigualdades epistémicas y políticas en el centro de estas respuestas globales. Ignorar esto perpetúa la violencia histórica que está en la raíz del cambio climático.


Epílogo


Mientras escribo este artículo, México está experimentando un aumento sin precedentes de la violencia sistémica contra los defensores del medio ambiente, quienes en la mayoría de los casos son personas locales que defienden sus territorios. No solo ha aumentado el número de defensores asesinados, sino que el gobierno federal ha estigmatizado a la población local y a las bases que han expresado su preocupación por la violación de sus derechos humanos y los impactos ambientales negativos de los megaproyectos estatales.24 Esto claramente afecta a Yucatán, ya que es un sitio central. del llamado Tren Maya. López Obrador, el actual presidente mexicano, ha definido a las bases locales que han expresado su preocupación por este megaproyecto como neoliberales, implicando que estas iniciativas tienen interés económico, persiguen agendas externas y / o son manipuladas por organizaciones internacionales. Mientras tanto, el gobierno federal también ha incluido al menos cinco granjas solares para proporcionar energía para este proyecto, sin revelar aún información clara sobre la ubicación o escala de dichos proyectos. Asimismo, el mandatario ha asignado al Ejército Mexicano los contratos de construcción de dos tramos del tren, y ha asignado la responsabilidad de operar y administrar los recursos económicos e ingresos de todo el tren bajo una empresa militar.25 Adicionalmente, anunció un aumento de militares en la frontera sur como parte de la estrategia de control fronterizo.26 Todo esto amplía el espacio cívico que ha ganado el ejército desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón sacó al ejército a las calles declarando una 'guerra' contra el narcotráfico, y esta situación aumenta gran preocupación entre los defensores ambientales locales en Yucatán.



 

Paradoxes of an Energy Transition Model


Ivet Reyes Maturano


Climate change and energy transition are perhaps two of the most prominent issues shaping our global present and future. The former is often framed as a planetary emergency, with transitioning from fossil fuels to renewable energies as the most important coordinated response to it. Energy transition is a systemic process that was originally envisioned as having the potential of reconsidering and departing from our current economic system which relies on an ever-expanding demand of energy and the unequal distribution of it. Yet, Mexico’s main energy transition policy has solely focused on the expansion of electric energy production from renewable resources through private ownership and private-public management. Most recently however, the current head of the federal government, Andrés Manuel López Obrador, decided to revive state control of energy production and instead strongly invest in fossil fuel generation.1


The revival of fossil fuels in energy policy has justifiably raised concerns amongst international agencies, grassroots, and Mexican citizens. Yet, media attention has mostly focused on the debate between the federal government and private stakeholders of renewable energy projects (investors, international financial entities, consultant firms, and big NGOs). The state claims ownership of national resources and energy sovereignty. Private developers praise the economic profitability of renewables due to growing industrial demand for electricity and the reality of climate change. Meanwhile, global economic and political pressure to accelerate energy transition mounts.2


This ‘War of Political Titans’ over ownership and control of energy production keeps missing core questions about unequal patterns of consumption, access, and the environmental costs of energy production. Worries, desires, needs, and challenges local populations face in areas of Mexico where most energy megaprojects have landed and are still projected in are ignored and systematically silenced. In this article I want to approach the development of such megaprojects in Yucatán as a form of slow violence. I question how these projects have arrived and what sort of challenges megaprojects pose to local territories. Finally, I analyze how local populations have experienced these processes. To answer these questions, I interviewed activists from different towns in Yucatán and analyzed information regarding megaprojects that my colectivo Articulación Yucatán has gathered from official documents in the last five years. I aim to help bring the voices and perspectives of local activists to the foreground, underscoring that their territorial aspirations can help us to unravel once again the potential of energy transition.3


Yucatán: the territory


We have a strong connection with nature, with biodiversity and it is such in this way that exists the harmony that we refer to. Yet, we do not mean it in the sense people refer as ‘ah such harmony! A communication with nature’ meaning rather something as silly as to say: ‘ah look at those Mayans that communicate with the trees!’ - Jorge


The state of Yucatán has great biodiversity with ecosystems that range from coastal dunes and mangroves, to tropical dry forest. The region is an important corridor for bird migration and hosts great groundwater resources in a karst geography. Yucatán is also famous for its Mayan archaeological sites. However, Mayan people did not vanish in a remote mysterious past. Rather, 42% of the total Yucatecan population self-recognized as indigenous in the population census of 2020 – the large majority as Maya.4 What is more, Yucatán is considered a biocultural region,5 a term that acknowledges the historical role of the Mayans and other local populations in producing6 and preserving local ecosystems in their cultural practices.7 Local traditional productive and cultural practices such as the milpa system and apiculture have contributed to the creation of norms and values regarding resource use. Local cultural practices provide such knowledge of this territory that the milpa system was at the basis of sustaining communal land tenure of 57% of the total land of the state of Yucatán which, up to 2017, continued to be held as social property or ejidos.8 Yet, the fact that Mayans are only celebrated and monumentalized in their pre-Hispanic archaeological past – taken as picturesque subjects of a tourist scenery, travel memorabilia and even as the name for a developmental tourist project like the Tren Maya9 – is rather part of the systemic violence that continuously denies their vitality and current relevance.10 Despite the biocultural richness, the territory is no paradise. It has been produced while resisting and surviving historical violence. Physical and territorial violence against Mayans and local populations did not stop at the end of Spanish colonization but became internalized with the emergence and institution of the independent nation-state. This construction imposed a vision of modernity as a single-path future – denying the memory and agency of local cultural diversity in narratives of economic growth and sustainable development.


Since the 1980s, the Mexican state has implemented legal and economic structural reforms promoting a market driven developmental model that withdraws institutional and economic support for small farmers.11 This has contributed to legal and economic inequality, the weakening of communal land tenure arrangements, as well as traditional productive strategies in rural areas. While many Mayans and rural households in Yucatán continue to carry on small farming and the milpa productive system, they have become increasingly dependent on precarious jobs outside their towns where they often face racism.12 All along, state institutions created to protect agrarian and human rights of indigenous and rural populations have failed to comply.13 Meanwhile, new and expanding markets have added pressure over territorial resources in the 21st century.14


Inequality as implementation shortcut for renewable megaprojects: Information gaps and violation of human rights.


They basically arrived, settled, developed it, built it, and that was it. That is how I see it. – Esperanza


I never knew, until almost towards the end, and I challenged it. I wanted to make my voice heard, to be listened to, but they told me I had no right, that I had no right to decide, or to vote, or to say anything because ‘this was none of my business’, and this whole situation made me upset because it concerns me. - Jacinto


On June 10th of 2016, Yucatán was announced as the ‘big winner’ of the first wholesale long-term energy auction in Mexico. Nine of the 18 ‘winner’ megaprojects were announced in this state. The auction was framed within a set of legal instruments including the Energetic Reform (2013) and the Energy Transition Law (2015) that focused on a rapid expansion of energy production based on private investment to help supply the expanding demand of the wholesale market (larger consumers). The basic idea was to promote this market and get the cheapest energy prices, while developers sought a market opportunity.


Overnight, Yucatán jumped to the foreground of renewable energy production, which government officials and representatives of the private sector jointly celebrated as a milestone for energy transition.15 Yet, as reflected in the words of Esperanza and Jacinto at the beginning of this section, local populations were unaware of the projects, much less of the design and implementation of the energy and climate policies.


Even before the announcement of the auction, the energy policy had already begun shifting local dynamics in areas where developers were seeking to establish themselves. Developers rented plots to measure resource capacity, established usufruct contracts of land, and developed technical studies to quickly comply with these projects. Companies hired consultants who studied local environments, were not forthcoming in their motives, and shifted social dynamics at once without properly informing local populations.


Since they put that test antenna there has not been any openness about what that antenna is. It was only recently that this territorial dispossession became evident when here in the municipality, we realized that it (the project) does not benefit us, but harms us. – Dulce


Ticul is a good example. Ticul is a big community, and close to it there is another one that is called San Jose Tipceh and then Sacalum. This is where a businessman said he was going to buy 800 hectares of land so that they could plant citrus that the locals were supposed to grow, but then they said they were going to put solar panels instead. That is to say, often companies arrive disguised as something else. - Juanek


Abovementioned cases, referring to Ixil and Ticul respectively, are not exceptional but paradigmatic of the violence derived from the ET model.16 The ET policy in Mexico has been vertically designed to smooth the massive arrival of renewable energy megaprojects. This approach is contrary to the rights of indigenous populations to determine the future for their territories.17 It also contradicts international treaties that Mexico has ratified which recognize the important role of the local and indigenous population in protecting and preserving biodiversity, as well as their territorial rights.


The variety of actors involved in the design and implementation of the ET policy, including federal government, consultants, big NGOs, and international financial entities, have known of the great renewable energy potential of Yucatán and of its biocultural character.18 Yet, they have disregarded territorial characteristics, the rights of the Mayan people, and socioenvironmental impacts of these megaprojects as externalities and proposed technocratic solutions. As examples, we find segmented environmental and social impact assessments, or simulations of indigenous consultation processes that take place a posteriori – after public policies have been decided and projects are already being implemented.19


Often too, developers take advantage of precarious rural contexts, deploying all kinds of formal and irregular practices including bribes to local authorities and people who end up working as intermediaries for the developers.20 State and local officials repetitively promote the projects using notions of ‘benefits’ and ‘clean energy’, contributing to spreading misinformation. In sum, these technocratic processes end up serving as mechanisms of imposition rather than of evaluation and rights protection.21 Inequality is so high that locals often concede to these projects knowing well these are all empty promises.


I asked several elders in the pueblo, in Maya, of course I asked, what do you know about the project? What good will this bring? And they responded: ‘well, we know this won’t bring anything good. This is mostly the works of the comisario, the comisario told us we have to say yes otherwise he will remove the [government] subventions that we have. We know it will not benefit us. Obviously, our electricity bill will be the same, and it will affect our bees because they are going to lumber, they are going to fell down trees, and yes, that is bad. And we also know that once they deforest those trees that add up to hectares, many hectares, the rain fall that those trees should bring for our farming, will not come. We will have many difficulties. Sadly, we have to say yes.’ That was really shocking to hear. […] There is no benefit! For us as pueblos that is truly clear. It is the story of my parents, the story of my grandparents […] In other words, they are imposing such change upon us too, upon our own deprivation. How can I say this?... as survival, right? This is not out of our will, but as to survive but nothing changes. - Jorge


What is even more disconcerting about the incoherence of this ET model is the lack of will to know or even to try to understand the extent and potential regional implications of the socioenvironmental impacts of these megaprojects. Despite the extension of land, their massive infrastructures and supply chains necessary to build them (affecting local and foreign ecosystems), these megaprojects have been framed as a milestone of the Mexican Climate Change Policy, which foresees reaching a renewable electricity production target of at least 40% by the year 2033. Promoters of this policy have simply equated rapidly expanding renewable energy production with the solution to the climate crisis.


To this day, we know of at least 29 (17 wind farms + 12 solar farms) megaprojects in different stages of development. Altogether these projects would occupy more than 10.000 hectares of fragile ecosystems. As of today, four projects have been completed and two have been legally suspended. Already more than 2.000 hectares have been claimed for these megaprojects.22 This includes 700 hectares of forest cleared to install solar panels, and 2.500 more hectares in areas close to natural reserves and mangroves occupied to install wind turbines. It is yet unclear what are the actual impacts of these massive changes. Just as in the case of environmental impact assessment, monitoring of environmental impacts is a responsibility the state has handed over to project developers. At the root of technocratic approaches lies the double hypocrisy of the nation-state denying its responsibility in the extraction of resources for production and the futile assignment of that responsibility to private developers.23 Continuing to focus on ‘improving’ technocratic processes without proper mechanisms that allow clear information and participation on policy design is redundant.


Those of us that know about the negative environmental impact that these sorts of farms can create are fighting to prevent their expansion, but we are also fearful to become targets of threats against our lives because in Mexico a lot of people have died defending nature. They have died because of their love, when trying to save forests, flora, and fauna. - Yadira


Amidst the imposition, and clear awareness of unevenness, there is also indignation and the aspiration for things to change. Some Mayan people have organized mobilizations and legal proceedings to defend their territorial and cultural rights. Such is the case of the grassroot Asamblea Muuch’Xíinball. Others keep a quieter struggle. Both sorts of efforts of territorial protection coincide in recognizing that their most important battle is not at the courts but against a racialized economic system that has slowly eroded local governance, collective memory, and territorial appreciation.


The most urgent efforts of local activists are aimed at raising local and public awareness about the biocultural value of their territory. They know a lot about the adversities of climate change and aim to protect the environment, but they know this model of energy transition policy is not the way to solve it – and instead will be detrimental for the planet too. They also urgently request academics and key stakeholders to recognize local traditional knowledges, values, norms, and aspirations that have been denied. They know local knowledges are valuable to sustain their territories.


You cannot restore with millions in penal - ties. People do not value what they do not appreciate as we do. Our connection with nature has made us love her, appreciate her, value her to the point of defending it. And we are going to keep fighting and bringing environmental education to all communities. – Yadira


If people learned about the ideas we have, they would not take advantage of us. But in the end, they take it as a joke, as mean - ingless, and the judges, and those who do not think as we do here in the village, they see it as nonsense, but these are the norms that we have, and they should be recog - nized! - Jorge


Approaching climate change as violence, helps us to recognize that this natural crisis is an anthropogenic one, and thus a historical process. Hence, it should also help us inquire about the unequal levels of vulnerability to the risks and current impacts of climate change, and present responses to it in different regions. We need to listen to populations that are affected by global ‘solu - tions’ and question our epistemic and political inequalities at the core of these global responses. Ignoring this perpetuates the historical violence that is at the root of climate change.


Epilogue


As I am writing this article, Mexico is experiencing unprece - dented rise of systemic violence against environmental defenders who in most cases are local people defending their territories. Not only have the numbers of murdered defenders increased but the federal government has stigmatized local people and grassroots that have raised concerns about the violation of their human rights and the negative environmental impacts of state megaprojects.24 This clearly affects Yucatán, as it is central site of the so-called Tren Maya. López Obrador, the current Mexican president, has defined local grassroots that have raised concerns about this megaproject as neoliberal, implying that these initiatives have either economic interest, pursue external agendas, and/or are manipulated by international organizations. Meanwhile, the federal government has also included at least five solar farms to provide energy for this project, without yet disclosing clear information about location or scale of such projects. Likewise, the president has assigned the Mexican Army the construction contracts for two sections of the train, and has assigned the responsibility of operating and administrating economic resources and revenue of the whole train under a military company.25 Additionally, he announced an increase of military in the Southern border as part of border enforcement strategy.26 All this expands the realm of civic space the army has gained since 2006 when the then President Felipe Calderón took the army to the streets declaring a ‘war’ against narcotraffic, and this situation raises high concerns amongst local environmental defenders in Yucatán.


Este artículo fue publicado por la Revista Errant Journal

https://errantjournal.org/




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