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El tren del etnocidio

El tren del etnocidio

Foto original: Quadratín

Por Juan Carlos Faller M.


El 9 de julio la agencia Proceso de noticias (APRO) informaba que La presidenta municipal de Maxcanú, Reyna Marlene de los Ángeles Catzín Cih, había fallecido esa madrugada por COVID-19. La foto que acompaña la nota de APRO es de cinco semanas antes, cuando se ve a Reyna Marlene vistiendo un terno de gala blanco bordado de flores; un vagón amarillo con puertas negras de metal se muestra al fondo, sobre sus rieles. En la foto hay seis personas agarrando cada quien su banderín del banderazo. Ese 2 de junio estábamos (como seguimos hoy) en lo más duro de la pandemia, con México muy mortal (más de DIEZ MIL MUERTOS acumulados hasta ese día, más de TREINTA MIL MUERTOS hasta hoy); en la foto no se ve sana distancia y sólo una cara lleva cubrebocas; no es la alcaldesa hoy difunta, es el gober Vila en firmes con su banderín en el centro junto al jefe López que exhibe (junto con su maquinista Milardy Douglas Rogelio) su mejor sonrisa de pandemia y etnocidio. La única que no sonríe abiertamente es Reyna.


La capacidad hospitalaria de una región se mide en camas, no sólo en referencia al mueble sino –sobre todo– al conjunto de servicios e insumos hospitalarios (personal, medicinas y demás) que requiere la atención a un enfermo. De muy poco sirve una cama sin lo demás. Es criminal hablar de “camas hospitalarias” cuando sólo hay muebles.


La semana en que murió Reyna era claro que Yucatán había llenado al tope su “capacidad hospitalaria” y que los muebles mostrados como “camas hospitalarias” en el Centro de Convenciones Siglo XXI habían servido bien para inflar números positivos y tomarle fotos al gober Vila y “dar confianza a la gente”, pero nada más. Hasta el día de hoy lunes 13 de julio las camas de utilería del Siglo XXI siguen allí, a la sombra de una fea ceiba de acero (tan fea como costosa para el erario), ocupadas por el aire quieto y vacío.


En Yucatán los gobiernos estatal y federal han llevado el sistema de salud al colapso. Los anuncios y denuncias de saturación hospitalaria y de falta de todo están por doquier. Como ejemplo, un día después de fallecida la alcaldesa de Maxcanú se hizo pública la renuncia en Mérida del director del Hospital General Regional “Benito Juárez García”, del IMSS, uno de los nosocomios insignia del sistema federal en la península. No ofreció el director renunciante sus motivos, pero todo indica a que ya no quiso seguir acatando la orden de callar y no ver lo que su jefe López no quiere ver: que la saturación hospitalaria en Yucatán, corazón de su tren etnocida, es un hecho.


Debe decirse, sin embargo, que la difunta alcaldesa de Maxcanú sí tuvo cama hospitalaria y atención en un hospital, el Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Mérida. Pero Reyna Marlene Catzín era indígena maya, y la población indígena yucateca es la más afectada por el coronavirus en México; la señora Catzín era mujer y fue víctima de una pandemia que la irresponsabilidad atroz de los gobiernos estatal y federal ha vuelto –en los hechos– un etnocidio en curso, con el ruido criminal en las vías de un tren llamado “Maya” en honor del pueblo al que atropella y mata.


* * *


Un día antes de morir Reyna Marlene, el pasado 8 de julio publicó La Jornada “Maya” (LJM) en su portada, a todo puntaje, una noticia conmovedora: “Etnias de Calakmul apoyan Tren Maya”. Bajo las letras enormes una sola foto: Ebrard y López, con cubrebocas, codo a codo en un avión rumbo al Otro Lado. El título de la foto es también conmovedor: “AMLO viaja a EU y usa cubrebocas por primera vez”. Su primer cubrebocas... a los cinco meses... de pandemia...


El caso de La Jornada “Maya” de ese miércoles 8 es un ejemplo diáfano de traición a la madre y al nombre Maya. Su titular enorme es visible en el impreso a varios metros de distancia; letras tan grandes que lo “Maya” de “La Jornada” queda le hace pálida sombra a lo “Maya” del tren (nada y nada). Desmesura simbólica, por servil.


LJM, ONU-Hábitat, Paloma... Aves del mismo plumaje, ávidas del dinero público que da FONATUR-4T a manos llenas por motivos de pandemia y de etnocidio (pues bien dirigida la primera refuerza la segunda, dice alguien).


Todos esos aplausos al tren son muestra del “divide y vencerás” que promueve la 4T (en modo FONATUR) para su atraco agrario, en medio de la peor pandemia del siglo. El etnocidio sólo tiene un giro: el criminal, por donde se le vea.


El Convenio 169 de la OIT (de 1990) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) son acuerdos internacionales contra la discriminación, el racismo y el etnocidio. El Derecho a la Consulta de los Pueblos Originarios, establecido desde hace 30 años en el Convenio 169 de la OIT, tiene un protocolo muy claro: la consulta debe ser de buena fe, libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Pero el gobierno mexicano, según toda la evidencia y los testimonios (como el de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos), no cumplió ni mínimamente con ese protocolo.


Y uno de los efectos perniciosos de la ausencia de una Consulta Indígena en forma (y en fondo) es la irrupción de la discordia social dentro de las comunidades, movida y alentada por el motor corruptor del FONATUR-4T (en modo Etnocidio a Secas), con harta lana para pagar a mercenarios apologistas vendedoras del nombre de su madre (tipo LJM, ONU-Hábitat y demás) para aplaudir los “hechos consumados”.


Por ello, mientras no se cancele esta barbarie desarrollista y etnocida de “el tren que es mucho más que un tren”, se reponga el procedimiento y se haga una consulta indígena verdadera y digna, bajo todos los estándares del Convenio 169 de la OIT (es decir, dejando abierta la posibilidad de un cambio total del concepto del proyecto y/o la cancelación total de lo actual), el etnocidio maya seguirá su curso con FONATUR 4T de locomotora, la pandemia de paisaje macabro y un mar de mentiras viles por doquier. (J.C.F.M., Jo’, Yucatán, 13 de julio de 2020)


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