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Relatores de la ONU ante proyecto tren maya: Reacción oficial y de la sociedad civil.

Hace un año algunos relatores de la ONU enviaron al gobierno este documento.



Relatores ONU
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El gobierno contestó lo siguiente.


Respuesta Gobierno-ONU
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Algunos comentarios al respecto son los siguientes...


Seis relatores de procedimientos especiales de derechos humanos enviaron al Estado mexicano, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento en que expresaron graves preocupaciones en torno al Tren Maya en temas de territorios, desalojo y derechos a la salud; el efecto negativo en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, consulta sin estándares internacionales, estudios de impacto ambiental irregulares y por posible hostigamiento, criminalización, difamación contra personas defensoras de derechos humanos, así como la posible militarización de la zona (21 de septiembre. Comunicación Al Mex 11/2020). La misión permanente de México en la oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra remitió el 20 de noviembre de 2020 la respuesta de México (OGEO4560). En ella reitera posturas como la defensa del proceso de consulta y su innovación consistente en que seguirán consultas específicas, así como las comisiones de seguimiento acordadas cuando se aprobó el tren. A la vez reafirma asuntos controvertidos, como los fideicomisos y, a partir de las facultades del Estado en materia de expropiación por causa de utilidad pública, ahora reconoce que en el caso de los desalojos se buscará negociación, pero de no resultar se impone la indemnización. Quedaron fuera de consideración las vías jurídicas en curso promovidas por organizaciones indígenas tanto en el ámbito nacional como su búsqueda inicial en el interamericano, que no opera con la celeridad que se requiere. Sus grandes omisiones son las relativas a los pueblos indígenas, a la civilización maya y los llamados vestigios arqueológicos, a la afectación que han sufrido con otros megaproyectos y a su concepto mismo del llamado progreso. De entrada, el Estado mexicano ofrece una definición: El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable; luego enuncia sus objetivos, sin destacar el turismo. También introduce, sin definir, que ahora serán comunidades sustentables lo que antes eran polos de desarrollo y aclaran que no informan su ubicación para evitar la especulación. En el apartado de tierras señalaron que la legislación vigente establece que las vías generales de comunicación son bienes nacionales y las vías férreas, las estaciones, los patios de maniobra, los centros de control de tráfico y el derecho de vía, son parte de la vía general de comunicación ferroviaria. Los bienes nacionales no serán parte de un fideicomiso puesto que pertenecen a la nación, de no ser suficientes, se ha considerado la constitución de fideicomisos a los que se aportarán las tierras según su régimen (federal, estatal, municipal, privado o ejidal). Si en alguno de estos casos se determina que es necesario incorporar tierras de uso común pertenecientes a un ejido, su participación se efectuará de conformidad con la Ley Agraria, que permite la asociación en participación por 30 años con posibilidad de renovación.

Esta vía permitirá que no en todos los casos se trate de los denominados fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra). Y sostienen que bajo ninguna modalidad se prevé que las tierras ejidales de uso común se conviertan en propiedad privada. En lo relativo a la preocupación de los relatores por la participación militar en territorios indígenas para la construcción de los tramos 6 y 7 del Proyecto Tren Maya, respondieron que tiene fundamento en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para mayor sustento, el pasado 11 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de una fracción al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativo a las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional: Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo federal. La respuesta tiene impacto político-diplomático, el esfuerzo de los relatores sólo alcanzaría para realizar un seguimiento a su contenido; estos procedimientos no tienen carácter vinculatorio. Se pactó el acompañamiento al gobierno de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ojalá mantenga la prioridad, como hasta ahora, en los derechos de los pueblos. Es un hecho que el llamado Tren Maya continuará hasta donde alcance al actual sexenio. El desafío que queda a las comunidades es continuar la tarea de información sobre el impacto del megaproyecto y realizar el seguimiento y denuncia de las situaciones de despojo de tierras en los ejidos. Estamos ante un caso de sometimiento del derecho por el uso desproporcionado de la fuerza política del Estado.




Además de todas las críticas, movilizaciones y cuestionamientos que ha desatado el megaproyecto denominado “Tren Maya” entre la ciudadanía, los pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil en México, hay que sumar el cuestionamiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, particularmente el que cobija el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A raíz de una comunicación enviada por posibles violaciones a derechos humanos, seis mandatos temáticos[1] del sistema de Naciones Unidas remitieron una carta al Gobierno de México a fin de requerir información y explicaciones sobre violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; sobre la obstaculización del acceso a información pública relacionada con el proyecto; sobre la exención de estudios importantes; sobre los procesos para dar a conocer información sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de otro tipo; sobre el estado de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la región; sobre el inminente desalojo de algunas comunidades; sobre la violación a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID-19; y sobre una posible militarización de tramos del referido megaproyecto.

El Gobierno de México dio respuesta a dicha comunicación el 20 de noviembre de 2020, no obstante, es importante destacar varias cosas. La primera de ellas es que omite deliberadamente dar información o explicaciones sobre las violaciones a derechos humanos que están sucediendo actualmente, en cambio, se ocupa de mencionar algunos de los procedimientos que sí se han cumplido. A continuación, se ejemplifican algunas de las omisiones importantes del Gobierno de México en su respuesta.

Respecto de los cuestionamientos sobre el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, el Estado señala que se obtuvo la aprobación del proyecto durante la “fase consultiva” de los días 14 y 15 de diciembre, no obstante, de acuerdo con la “Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”[2], el objeto de la consulta fue “establecer un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus opiniones” y “establecer acuerdos […] respecto de su participación en la implementación de dicho proyecto”, es decir, dicho proceso no tuvo por objeto preguntar a las comunidades si querían o estaban de acuerdo con el proyecto o no.

Por otro lado, la escasa información que se presentó durante las asambleas tenía un sesgo a favor del proyecto. Además, tal información no comprendió estudios claves, como por ejemplo Manifestaciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impacto Social, los mismos que fue fueron realizados mucho después durante los últimos meses del 2020.

Todo el proceso se llevó a cabo con gran celeridad, lo que pone en manifiesto que para el gobierno mexicano la consulta era una mera formalidad que tenía que realizarse en un mes, como consta en la convocatoria de dicho proceso. Otra cuestión importante es que quienes actúan en representación de pueblos y comunidades de acuerdo con las actas de “asamblea” del proceso llevado a cabo por el gobierno, son autoridades municipales y ejidales, no autoridades tradicionales indígenas, lo que ya había sido cuestionado por el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México: “otro problema fundamental es que las autoridades ejidales y agrarias, producto de la Ley Agraria, no necesariamente coinciden con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y, en muchos casos, entran en conflicto con ellas”[3].

Antes de la supuesta “Consulta” el gobierno mexicano realizó actividades de difusión de sobre las “bondades” del proyecto a través de lo que denominaron “Caravana Informativa el Tren que nos Une”. Dichas actividades fueron realizadas entre marzo y agosto de 2019 a través de una empresa prestadora de servicios denominada “El juego de las llaves”, que fue contratada mediante adjudicación directa por un monto superior a un millón de dólares estadounidenses. Cabe mencionar que entre los objetivos del contrato se encontraba “mejorar la percepción del Proyecto Tren Maya”, por lo que es válido considerar que esta campaña influenció indebidamente algunas de las opiniones que pudieron ser manifestadas durante la supuesta consulta previa realizada durante el mes de diciembre de 2019.

Respecto a los cuestionamientos sobre las medidas previstas para desarrollar los necesarios estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, y medidas para asegurar que sean realizados de manera independiente e imparcial, es importante hacer mención de que el gobierno mexicano contrató consultores para lograr la exención de estos estudios importantes, por lo cual se puede advertir que su intención es realizar el menor número de estudios. Esta información se puede corroborar consultando el proceso de contratación registrado con el código de expediente 2021487 publicado en noviembre de 2019 en la plataforma pública Compranet y también en el informe “Avances y logros” publicado en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 4 de junio de 2020[5].

Es de destacar que la Manifestación de Impacto Ambiental a la que se hace referencia en la respuesta del gobierno mexicano solo contempla algunos tramos del proyecto, por lo que no se evalúan de forma integral los potenciales impactos que la totalidad del mismo podría tener en la región. Asimismo, muchas de las opiniones remitidas a la SEMARNAT en el marco de los mecanismos de participación ciudadana, alertan de incongruencias en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como omisiones importantes al momento de señalar las características hidrológicas, geológicas y climáticas de la zona sur-sureste de México.

Del mismo modo, en relación a la reunión pública de información convocada por la SEMARNAT el 3 de agosto de 2020, es importante señalar que esta fue notificada el 1 de agosto de 2020, es decir, con apenas dos días de anticipación. Asimismo: fue convocada en un contexto de alto de riesgo de la emergencia sanitaria por COVID-19; no garantizó una amplia participación pues solamente contemplaba un máximo de 25 personas; establecieron prerrequisitos que obstaculizaron la participación de las personas y, por último, la ubicación donde se llevaría a cabo representó una barrera para la participación de las personas (estaba a 238 km de la capital de Yucatán, a 355 km de la capital de Quintana Roo, a 326 km de la capital de Tabasco, a 596 km de la capital de Chiapas y a 61 km de la capital de Campeche).

Finalmente, respecto al tema de “las medidas adoptadas para asegurar que personas defensoras de los derechos humanos, las personas que levantan dudas o solicitan más información respecto al proyecto puedan manifestarse y ejercer sus derechos sin miedo a sufrir amenazas, desprestigio, agresiones y criminalización”, el Estado omite responder a todos los señalamientos por los comentarios de Altos Funcionarios del Gobierno incluido el Presidente de la República, el Vocero del Gobierno de la República, el Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Director Jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; tampoco se pronuncian en la campaña de estigmatización en contra de las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan el proyecto.

Dicha campaña se remonta por lo menos a febrero de 2020, cuando el Presidente de la República deslegitimaba a las comunidades que presentaban el primer amparo por la violación del derecho a la consulta señalando[6]: “Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas” y “es nada más oposición por oposición sin causa; o sí, con causa, pero para enfrentarnos”. Este tipo de mensajes se han reiterado e incluso han escalado en intensidad; en la actualidad continúan y apenas en diciembre de 2020 diversos medios de comunicación digital retomaban palabras del Presidente para atacar a una organización local de Yucatán (Indignación A.C)[7].

Además de estos ejemplos concretos, mucha de la información que el Estado proporcionó a relatoras y relatores en los anexos no es pública ni accesible para la ciudadanía en general, y mucho menos para las organizaciones y colectivos que buscan cuestionar el proyecto. Asimismo, es importante mencionar que en la respuesta del gobierno de México se omite dar una explicación de por qué autoridades como FONATUR se resisten a dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por autoridades judiciales federales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En resumen, la respuesta de México deja en claro que la posición del gobierno actual es clara -aunque incompatible con los estándares internacionales- y se remite a aquella advertencia que dio el Presidente de la República durante septiembre de 2019. A mitad de una lluvia torrencial durante un evento público advirtió: “truene, llueva o relampaguee se va construir el Tren Maya. Lo quieran o no lo quieran”[8].

Enrique Gallegos Madrigal es Consultor de DPLF



Es lamentable que los gobiernos matan impunemente a las comunidades originarias y pagan la legitimidad que necesitan para recibir aplausos por esos actos de "heroísmo".

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