Injusticias procesales en la energía solar a gran escala. Un estudio de caso en la región maya.
Sandra Jazmín Barragan-Contreras.
Departamento de Geografía, The University of Sheffield, Sheffield, UK Cómo citar: Barragan-Contreras, S. J. (2021).Procedural injustices in large-scale solarenergy: a case study in the Mayan region of Yucatan, Mexico.Journal of Environmental Policy & Planning, 1-16. Descargar el PDF (Versiónen inglés): https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.2000378 RESUMEN Existe una clara necesidad de mejorar la justicia y la sostenibilidad en la implementación de proyectos de energía renovable. Evaluar la justicia energética en contextos con una alta diversidad cultural y ecológica, así como con altos niveles de marginación y una herencia poscolonial (de extractivismo e intento de dominación histórico), requiere tener en cuenta la amplia comprensión de la justiciaen el contexto local. Sin embargo, la literatura actual se ha desarrollado principalmente bajo la evidencia y los conceptos de los contextos del Norte Global, que tienden a basarse en ideas universales de justicia, a menudo inapropiadas para la aplicación de políticas en el Sur Global. Para contribuir a cerrar esta brecha, el documento analiza cualitativamente la implementación de un proyecto fotovoltaico a gran escala en Yucatán, México, examinando cómo comunidades indígenas afectadas y otros actoresclave perciben, experimentan y reaccionan a los problemas de justicia procesal y socio ambiental en la implementación del proyecto. Los resultados muestran que conceptos como consentimiento, participación e inclusión, tal como se aplican actualmente en la ubicación de la infraestructura renovable, ahora se perciben principalmente como una legitimación de proyectos que se alineancon las prioridades gubernamentales y del desarrollador. Enfatizarla autodeterminación por encima de los conceptos antes mencionados se considera una prioridad entre las comunidades afectadas para lograruna transición energética socialmente más justa. PALABRAS CLAVE Justicia procesal (o de procedimiento), Transición energética, Comunidades Indígenas, Autodeterminación 1. Introducción En la actualidad, existe un amplio consenso en torno a la importancia de la transición a sistemas energéticos sostenibles bajos en carbono (UN, 2015). Sin embargo, hay poco acuerdo sobre cómo hacerlo de manera equitativa. Dentro de este escenario, el gobierno mexicano en 2016 estableció un compromiso ambicioso para aumentar la generación de energía limpia del 21% al 35% para 2024 (EIA, 2016). Para cumplir con estos objetivos, el gobierno introdujoun mecanismo de Subasta de Largo Plazo (SLP) que ofrece estabilidad y contratos de largo plazo a los inversionistas interesados en generar capacidad energética a gran escala (SENER, 2016). Dentro de este modelo de subasta, la península de Yucatán fue seleccionada para albergar más de 20 parques de generación eólicay fotovoltaica a gran escala.De aprobarse, estos proyectos ocuparíancasi 14.000 hectáreas de tierra, de las cuales el 30% son tierras ejidales (comunales) (Sánchez, Reyes, Patiño, Munguia y Deniau, 2019). Este despliegue de megaproyectos ha favorecido la especulación financiera y la privatización de la tierra, aumentando los cambios en el uso de la tierra y dañando el medio ambiente local y los medios de vida, por lo que, desde luego, ha provocado también la oposición de la comunidada este tipo de infraestructuras energéticas.
La literatura que critica la ética y la sostenibilidad de proyectos como estos se ha expandido (Avila-Calero, 2017; Bickerstaff, Walker y Bulkeley, 2013; Dunlap, 2017), y el marco de justicia energética en particular cuestionala equidad en el procesode toma de decisiones y la distribución de riesgos y los llamados beneficios (K. Jenkins, McCauley,Heffron, Stephan y Rehner, 2016).Sin embargo, la mayor parte de esta literatura se ha desarrollado a partir de la experiencia y los conceptos de los países del Norte Global, utilizando ideas universales de justicia, es decir, los conceptos y preceptos presuponen una concepción común o única de justicia compartida por todos, que a menudo es inadecuada para la aplicación de políticas en el Sur Global (Broto, Baptista, Kirshner, Smith y Alves, 2018).Este trabajo, por tanto, tienecomo objetivo contribuir a cerrar esta brecha analizando las experiencias de injusticia procesal provocadas por la implementación del proyecto fotovoltaico Yucatán Solar en comunidades indígenas. El documento comienza revisando conceptos teóricos clave dentro del marco de justicia energética, destacando las deficiencias del concepto de justicia procesal (de procedimiento) dentro de este marco en comparación con lo encontrado sobre el terreno. También se discuten algunas ideas basadas ensoberanía, planteadas tanto por académicos como por movimientos de base. Luego se presentan los antecedentes del estudio fotovoltaico de Yucatán Solar antes de pasar a discutir temas particularmente clave, tales como quién, cuándo y cómo las comunidades indígenas estánincluidas en el procesode toma de decisiones. La discusión examinalas experiencias y reacciones de las comunidades ante las injusticias de procedimiento y socioambientales, así como las perspectivas de otros actores clave antes de considerar cómo la implementación de estos proyectos y la transición energética en general podríanser más socialmente justas desde una perspectiva de abajo hacia arriba. Concluye argumentando que se necesitan enfoques pluralistas de la justicia energética, enfatizando una mayor inclusión de los conceptos de autodeterminación y soberanía energética en los marcos de justicia energética para una transición energética mas socialmente justa y sostenible. 2. Revisión de la literatura
2.1. Marco de justicia energética En la última década,el campo de la justiciaenergética ha crecido rápidamente (Pellegrini-Masini, Pirni y Maran, 2020), expandiéndose de un concepto teórico a un marco de toma de decisiones para la evaluación y ejecución de políticas (KE Jenkins, Stephens, Reames, Y Hernández, 2020). El marco dejusticia energética busca aplicar principios de justicia a la política, producción y distribución de energía. Destaca que la política energética requiereuna comprensión constantede la justicia social aplicadaa los sistemas energéticos (McCauley, Heffron, Stephan y Jenkins, 2013). El concepto de justicia energética toma prestadasideas del movimiento de justicia ambiental, que aboga por la inclusión de la justicia social y la sostenibilidad ambiental en la implementación de la infraestructura de desarrollo (Schlosberg, 2009). Adopta tres conceptos principales del movimiento de justicia ambiental: la justicia distributiva, procesal y de reconocimiento. La dimensión distributiva se ocupa de la inequidad en la asignación de riesgos y beneficios ambientales en todo el sistema energético. La dimensión procedimental exige "procedimientos equitativos que involucren a todas las partes interesadas de manera no discriminatoria" (McCauley et al., 2013, p. 2). Finalmente, la justicia de reconocimiento llama la atención sobre las diversas formas de dominación política y cultural que resultan en la discriminación de los grupos minoritarios. Se define como “el procesode falta de respeto, insulto y degradación que devalúa las identidades de algunas personas y lugares en comparación con otras” (Walker,2009, p. 615). Si bien el enfoque de justicia energética replica los tres fundamentos de la justiciaambiental (distributiva, de reconocimiento y procesal), son bastante diferentes en su interpretación y comprensión de la justicia. El marco de justicia energética más popular (a menudo asociadocon K. Jenkins et al., 2016; McCauleyet al., 2013; Sovacool & Dworkin, 2015), aboga por la formulación de políticas de arriba hacia abajo, lo que es casi contrario a la explicación de Schlosberg (2009) de justicia ambiental, que es especialmente sensible a los agravios hacia las comunidades indígenas. Si bien la agenda de justicia ambientalha sido criticadapor ``no tener un impacto generalizado más allá del nivel de base '' (K. Jenkins, 2018, p.118), el marco de justicia energética ha sido acusado de apropiarse de la palabra y el significado de la 'justicia' de los movimientos ambientales de base para ser utilizada como un 'imperativo abstracto' por los académicos (Galvin,2020). La idea de que la justicia energética requiere un enfoque más normativo para tener un impacto más allá del nivel de base provienedel supuesto de que las personas tienen concepciones similaresde la justicia y, por lo tanto, un procedimiento perfectamente diseñado sería adecuado para todos. Esta forma de pensar ha llevado al desarrollo de listas de verificación y estándares mínimos para que los legisladores los consideren al desarrollar proyectos de energía. Sin embargo, como se muestra en la sección de hallazgos, las concepciones de justicia son más pluralistas en el terrenoy varían ampliamente según las diferentes condiciones socioespaciales y contextuales. Aunque pocos teóricos políticos apoyan las nociones pluralistas de justicia, Walzer (1983) inició un cambio desde una única teoría universal de la justiciaa favor de comprender la idea en su contexto histórico y cultural; este cambio tiene un significado especial en el tratamiento de la justicia ambiental(Schlosberg, 2009). Mientraspermanece ligado al concepto de distribución, Walzer (1983,p. 6) se esfuerza desarrollar un discurso de diferencia. El argumenta que los principios de justicia son en sí mismos pluralistas en su forma; que los diferentes bienes sociales deben ser distribuidos por diferentes razones, de acuerdo con diferentes procedimientos, por diferentes agentes; y que todas estas diferencias se derivan de diferentes entendimientos de los propios bienes sociales, productoinevitable del particularismo histórico y cultural. En apoyo de esta visión pluralista, Schlosberg (2009) pide reconocer la diversidad de opiniones del mundo real reflejada en las diferentes demandas de justicia social y ambiental y anima a adoptarlas. Él cree que un pluralismo crítico “nos ofrece un posible marco para pensar sobre la validez de la pluralidad en la justicia social en general, y en la justicia ambiental y ecológica en particular; con él, generalmente podemos teorizar mientras permanecemos abiertos a las diferencias genuinas y prácticas que existen en la práctica”(cap. 7, p. 4). Siguiendoesta línea de pensamiento, sostengoque un enfoque pluralista de las concepciones de justicia también debería ser adoptado y promovido dentro de la literatura sobre justiciaenergética. Los enfoques de justicia energética tienden a mostrar un fuerte enfoque en las teorías de la justicia distributiva, utilizando los principios básicos de justicia de Rawls, el principio de libertad igualitaria y el principio de diferencia como punto de partida. Muchosartículos enfatizan la distribución de riesgos y supuestos 'beneficios', enfocándose en las asimetrías relacionadas con las compensaciones por el uso de la tierra y los recursos y haciendo sugerencias sobre cómo la redistribución de los beneficios haría más justa la implementación de una infraestructura energética (Cowell, Bristow y Munday , 2011; Hopkins et al., 2008; Sovacool, Heffron, McCauley y Goldthau, 2016; Warren, Cowell, Ellis, Strachan y Szarka, 2012). Sin embargo, centrarse en afirmaciones como la "distribución de beneficios" refuerza la suposición de que las personas deberían,en primer lugar, aceptar un "desarrollo", es decir, aceptay normaliza la idea de que debería haber una apropiación de los recursos naturales. Por lo tanto, centra el debate en cómo se deben distribuir los beneficios de esta apropiación en lugar de cuestionar la idea de si es justo aceptar el desarrollo en primer lugar, quién debe tomar esa decisión, y bajo qué condiciones. Poner estas preguntas fundamentales en primer plano es clave si buscamos entendimientos de justiciaenergética de mayorimpacto. Aunque la justicia energética también analiza injusticias de procedimiento y de reconocimiento como parte de su marcoclave de "tres pilares", hay muchamenos literatura sobrelas dimensiones mencionadas anteriormente en comparación con el componente distributivo (K. E. Jenkins, Sovacool, et al., 2020).
En un intento por contribuir a cerrar esta brecha, este documento expondrá algunas de las injusticias de procedimiento que se encontraron en los procesos de toma de decisiones en la implementación del proyectoYucatán Solar. 2.2. Conceptosde justicia de procedimiento y soberanía La literatura sobre justicia procesal dentro del marco de justicia energética establece que una implementación justa de infraestructura energética implica la inclusión de las partes interesadas en la toma de decisiones de una manera no discriminatoria y que se requiere la participación, imparcialidad y la divulgación completa de información por parte del gobierno y la industria. (Sovacool y Dworkin, 2015).Más específicamente, los enfoques normativos de justicia procesal sugieren que las comunidades deben participar en la decisión sobre los proyectos que las afectarán; deben recibir un consentimiento justo e informado; y las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS) deben involucrar una consulta comunitaria genuina (Sovacool & Dworkin, 2015). Si bien varios académicos están de acuerdo con esta definición (K. Jenkins et al., 2016; Sovacool et al., 2016), persisten controversias con respecto a lo que implica un procedimiento 'justo' y cuál es su 'propósito último', es decir, si su propósito es garantizar un resultado más justo o se extiende mucho más allá del reconocimiento de las acciones de las personas (Simcock, 2016; Watson & Bulkeley, 2005). Señalar las diferentes percepciones de lo que implica un procedimiento 'justo' se vuelve aún más importante con los mecanismos recientemente implementados para disminuir los impactos socioambientales de los proyectos de desarrollo y mejorar la participación a nivel local, como la Consulta Previa Libre e Informada (CLPI) y la Evaluación de Impacto Social y Ambiental (SEIA). Según algunas teorías de la justicia energética, la aplicación de estos instrumentos legales mejora la justicia de procedimiento, creando una implementación más "justa" de los proyectos energéticos. Sin embargo, en contextos con altos niveles de desigualdad y marginación, estos instrumentos a menudo han resultado infructuosos y varias organizaciones de base los ven más como mecanismos performativos destinados a legitimar la implementación de proyectos de “desarrollo” (Múuch ’Xíinbal,2018). Reconocer y comprender las concepciones pluralistas de la justicia según los diferentes contextos es clave. Estudios de caso previos en Sierra Leona, India y Mozambique han demostrado que la aplicación de las ideas occidentales universales de justicia y la formulación de supuestos sobre el 'progreso' en el desarrollo energético podría ser riesgoso para los países en desarrollo de economías más pobres(Broto et al., 2018; Munro, van der Horst y Healy, 2017; Yenneti y Day, 2015). Algunos académicos latinoamericanos también han sido cautelosos con estas visiones occidentales de la modernización a través de grandes desarrollos -esencialmente asociados con el crecimiento económico, la apropiación de recursos naturales y orientados a estimular el estilo de vida occidental- y las han señalado como insostenibles y socialmente injustas (ver Bustelo, 1998; Cardoso & Faletto, 1996; Gudynas,2009). Del mismo modo, han criticado el sistema energético por estar orientado en beneficio de unas pocas grandes empresas y han sugerido una respuesta que surge de abajo hacia arriba, incluyendo las ideas de soberanía energética y autodeterminación: 'cuando pensamos en soberanía energética, creemos que la producción, extracción, distribución y consumo de energía está controlada por los pueblos '' (Gutiérrez, 2018, p. 13. Otros académicos y organizaciones también han abogado por la soberanía energética como el derecho de las personas, comunidades y pueblos a tomar sus propias decisiones con respecto a la generación, distribución y consumo de energía para que sean adecuadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre que no afectan negativamente a terceros (Cotareloet al. 2014). El concepto de autodeterminación varía entre pueblos indígenas, académicos y naciones. La interpretación más común de la autodeterminación sostiene que los pueblos que comparten una organización política y cultural similar tienen derecho a gobernarse a sí mismos y a su territorio.
La constitución actual de México reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la autodeterminación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. De manera similar, algunos académicos han sugerido conceptos de soberanía energética y descentralización de la gobernanza energética para una toma de decisiones de infraestructura energética más democrática y justa (ver Broto et al., 2018; Cowell, 2017). Broto (2018) aboga por un enfoque en la entrega de energía como un proyectoemancipatorio y recomienda que la autodeterminación se convierta en un concepto central en las teorías de justicia energética (Broto et al., 2018). De manerasimilar, Cowell analiza cómo la territorialización cambiante del gobierno y el controlsobre la infraestructura energética pueden alterar los sistemas energéticos y ayudarnos a ampliar nuestra comprensión de las transiciones energéticas (Cowell, 2017). En este sentido, es fundamental analizar, desde una perspectiva local, las condiciones en las que se están llevando a cabo las implementaciones de infraestructura de energía renovable en contextos donde los modelos de transición actuales pueden chocar con las ideas de soberanía y, por lo tanto, enfrentar una fuerte oposición. Examinar los desafíos de la justicia energética en Yucatán, México, una región con un enorme potencial para las implementaciones de energía renovable pero también una fuerte oposición alos megaproyectos eólicos y fotovoltaicos actualmente propuestos, brinda información sobre los desafíos de lograr la justicia procesal en el terreno, pero también arrojará algo de luz sobre rutas alternativas para una transición energética y un futuro más sostenibles. 3. Metodología 3.1. El caso de estudio La investigación informada en este documento se llevó a cabo como parte de un proyecto de doctorado más grande que analizó la implementación de dos proyectos fotovoltaicos y dos eólicos a gran escala en Yucatán, México. Para este artículo, solo me centraré en el análisis del parque fotovoltaico Yucatán Solar.Analizo cuáles son las posibles consecuencias cuando las opiniones locales y el medio ambiente no se consideran seriamente y las lógicas mercantilistas privadas dominan la implementación de infraestructuras de energía renovable. Es importante mencionar que los hallazgos de este caso de estudio fueron consistentes con los otros sitios de investigación también. El proyecto fotovoltaico 'Yucatán Solar' es un desarrollo a gran escala propuesto en el municipio de Valladolid, Yucatán, México. El proyecto fue impulsado por Lightening PV Park, una subsidiaria de la empresa china Jinko Solar, para colocar aproximadamente 313.140 módulos fotovoltaicos en un área con cobertura forestal. Para la ejecución del proyecto se requirió deforestar 206.51 ha, lo que representa el 80.85% de la superficie total del área del proyecto, el impacto se consideró adverso debido a que el área era selva en buen estado que se había mantenido durante los últimos 50 años (EIA, 2016). En la actualidad, ya se ha realizado el desmonte. En la figura 1 se puede apreciar una vista satélite del antes y el después de la intervención de la empresa.A pesar de ser un proyecto con un fuerteimpacto ambiental negativo, el proyecto obtuvo la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), organismo encargado de evaluar la factibilidad del proyecto. Esta aprobación generó indignación entre varios actores y organizaciones que se unieron para presentar una demanda legal para detener el proyecto. Al momento de redactar este trabajo, el proyecto aún se encuentra en suspensión definitiva.
Figura 1. Vista satélite del antes y después de la intervención de la empresa Jinko Solar para la ejecución del proyecto fotovoltaico 'Yucatán Solar'.Fuente. Imágenes tomadasde Google Earth y editadas por la autora. 3.2. Métodos y análisis Para explorar las percepciones, experiencias y respuestas de los actores clave del proceso de implementación se llevó a cabo un diseño de investigación cualitativa y etnográfica. La primera fase del trabajo de campo se llevó a cabo de enero a marzo de 2019, seguidade una segunda fase de 4 mesesde septiembre a diciembre 2019. Se utilizaron tres métodos principales. Primero, se realizó un análisis de documentos relevantes como las evaluaciones de impacto social y ambiental del proyecto, noticias, páginas web de organizaciones, secretarías de gobierno,consultores, desarrolladores entre otros. En segundo lugar, se llevó a cabo el método de observación en profundidad, que incluyó una visita al lugar propuesto para el proyecto, así como interacción y visitas a las comunidades cercanas a este. También asistí a cuatro reuniones públicas con diferentes actores clave como representantes del gobierno, académicos locales, activistas y organizaciones de base; dos conferencias de prensa organizadas por miembros de la comunidad y una reunión con representantes de la empresa Jinko Solary voces críticas del proyecto. En tercer lugar, lleve a cabo entrevistas semiestructuradas en el sitio de estudio y otros espacios de encuentro de múltiples actores. Se entrevistó a veinticinco personas, incluidos 15 miembros de las comunidades mencionadas anteriormente, cinco representantes del gobierno, dos activistas mayas y tres académicos locales. Es importante mencionar que las opiniones presentadas en este estudio no son representativas de toda la comunidad. La mayoría de personas con las que tuve contacto eran criticas del proyecto, lo dirigió mis entrevistas mayormente con redes de oponentes, y con acceso limitado a partidarios del proyecto. Sin embargo, los datos recolectados son igualmente fuertesya que evidencian las injusticias procesales percibidas y experimentadas en el proceso de implementación del proyecto. Después de traducir y transcribir los datos de las entrevistas y el diario de investigación, los datos se analizaron temáticamente utilizando el software N ViVo y un enfoque deductivo por un codificador. Los tres conceptos principales del marco de justicia energética -procedimiento, distribución y reconocimiento- sirvieron de base para orientar la estructuración inicial de los datos, dejando la puerta abierta a la codificación inductiva para identificar otros tipos de injusticias, temas y alternativas para transiciones energéticas más justas. En este artículo, me centro en temas relacionados con los procedimientos y sus impactossocioambientales. Las afirmaciones sobre participación, inclusión, poder de decisión,agencia y divulgación e intercambio de información fueron destacadas y subcategorizadas bajo la dimensión de justicia procesal. Como los conceptos anteriores están estrechamente relacionados y encontraron paralelismos significativos, la codificación se realizó a través de un proceso iterativo en el que se siguieron los temas emergentes y la literatura de consulta para clarificar la relación entre ellos. Analizar las preocupaciones de la gente sobre la ubicación del proyecto, además de sus sugerencias sobre cuáles podrían ser otros procedimientos y alternativas potencialmente más justos, me ayudó a comprender mejor qué impulsala oposición a proyectos de este tipo y qué es lo que las personas identificaron como practicas injustas.
Para proteger el anonimato de los encuestados, se han cambiadolos nombres de los entrevistados citados en este estudio. Para una interpretación precisa, la mayoría de las entrevistas se grabaron en audio con el consentimiento previo de los participantes. En donde no se grabó, se tomaron notas detalladas a mano en el diario del investigador del trabajo de campo. Antes del comienzo del trabajo de campo, la investigación obtuvo la aprobación del comité de ética de la Universidad de Sheffield con el númerode formulario de solicitud 023852. 4. Resultados y discusión 4.1. Injusticias procesales sobre el terreno En esta sección, muestro las tres principales injusticias procesales encontradas en el campo. Por injusticias procesales (o de procedimiento) pueden entenderse las injusticias percibidas y experimentadas señaladas por los miembros de la comunidad local y de base con respecto a los procedimientos de toma de decisiones, participación e intercambio de información en la implementación del proyecto Yucatán Solar. En la primera subsección, demuestro que la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones clave se deja a los gobiernos y desarrolladores que deciden arbitrariamente quiénes se ven afectados y, por lo tanto, quiénes serán incluidos. En la segunda subsección, sostengo que la participación actual en la implementación del proyecto no es significativa ya que las comunidades se incluyen solo en la última parte del proceso cuando todo está decidido y no se toman en cuenta las complejidades del contexto. Finalmente, en el tercer inciso, se evidencia que no existe una divulgación imparcial de información por parte del gobierno y del desarrollador ya que las reuniones informativas y de consulta se enfocan mayoritariamente en los beneficios ofrecidos a las comunidades, pero omiten o minimizan los impactos negativos de los proyectos. Esta sección también destacalas injusticias socioambientales derivadas de las injusticias procesales anteriores. Es importante reconocer que las opiniones de los miembrosde las comunidades indígenas no son homogéneas. Las comunidades indígenas, así como muchos otros tipos de comunidades, están compuestas por personas que no necesariamente comparten las mismas ideas, cosmovisión, intereses y valores. En ocasiones se ignora o se evade el hecho de que, con el tiempo, los pueblos indígenas se han ido fragmentando social y políticamente cada vez más debido a diferencias de clase, religión, partidos, etc. (Torres-Mazuera, Mendiburu y Godoy, 2018). Sin embargo, por esta misma razón, sostengo que los marcos de justicia energética deben alejarsede las concepciones universales de justicia de arriba hacia abajo y abogar por ideas pluralistas de justicia de abajo hacia arriba si quieren tenerun impacto más allá delos países del Norte Global. 4.1.1. Exclusiónde las comunidades afectadas en la toma de decisiones clave La dimensión de justicia procesal en el marco de justicia energética establece que los gobiernos y los desarrolladores deben incluir a las comunidades en la decisión de los proyectos que los afectarán. Sin embargo, lo que significa “inclusión” ha sido muy cuestionado a nivel local. Una de las principales injusticias percibidas y experimentadas planteadas durante las entrevistas fue quién decide qué comunidades se incluyen o excluyen en el proceso de toma de decisiones y bajo qué criterios. Actualmente, la determinación del “área de influencia”, es decir, el área donde las comunidades cercanas serán potencialmente impactadas, se decide a través de la Evaluación de Impacto Social (EVIS). Si bien la Secretaría de Energía proporciona ciertas disposiciones administrativas generales que sugieren cómo determinar estas áreas de influencia, existe una amplia gama de libertad para que los desarrolladores y las empresas de consultoría jueguen con ellas. La ley permite al promovente o empresario del proyecto energético que él defina las áreas de influencia que tiene… Entonces la empresa tiene toda la libertad de hacerlo [definir sus áreas de impacto], con una serie de indicaciones que trae la disposición, te ponen ahí todos los elementos o variables sociodemográficas y económicas… pero ellos [los desarrolladores] pueden escoger sí pueden pasar por todas las variables o por algunas. (Entrevista a un exrepresentante de la Dirección General de Impacto Socialy Uso del Suelo del Ministerio de Energía, 2019).
En el proyecto fotovoltaico Yucatán Solar, esta ambigüedad en la normativa significó la exclusión de Dzitnup, una de las tres comunidades ubicadas cerca del proyecto. El desarrollador excluyó a estacomunidad bajo la base de no tener una conexión 'directa' con el proyecto: 'el área de influencia directa, de hecho, fue determinada por la conexión, a través de la carretera 180 Valladolid-Mérida, de dos comunidades indígenas: Cuncunul, cabecera del municipio del mismo nombre; y Ebtún, localidad adscrita al municipio de Valladolid” (SIA, 2016, p. 226). Esta decisión significó no solo quitarle a la comunidad de Dzitnup el derecho a la CLPI, sino también cualquier compensación derivada de los impactos potenciales del proyecto. En la Figura 2, el lector puede ver la distancia entre las tres comunidades y el proyecto, mostrandouna cercanía similarentre todas ellas.
Figure 2. Distancia entre las tres comunidades aledañas al proyecto -Ebtún, Cuncunul y Dzitnup- y el área del proyecto. Aproximadamente 1-2 km del proyecto a las tres comunidades según Google Maps. Fuente. Imagen tomada de GoogleEarth y editadapor la autora. Para miembros de la comunidad de Dzitnup, el hecho de que no hubiera una conexión de camino pavimentado con el proyectono significa que no se verían afectados. Nosotros, como las otras dos comunidades, también dependemos mucho de la apicultura, tambiénsufrimos temperaturas muy altas durante todo el año, con la deforestación de tanto monte, vamos a ser igualde afectados que las otrascomunidades (Martín, residente local de Dzitnup). El descontento de algunos miembros de Dzitnup -junto a personas de otras localidades como Valladolid- se reflejó en un juiciode amparo para detener el proyecto bajo la base de violaciones a su derecho a un medio ambiente seguro y a la CLPI. En abril de 2019, el proyecto fue suspendido permanentemente debido a esta demanda, y aunque ha habido reclamos de los desarrolladores y del gobierno para que se reanude, al momento de redactar este documento, el proyecto aún está parado. Derivado de lo anterior, es evidente que un enfoquede arriba hacia abajo a la justiciaenergética procesal puede ser ineficaz para asegurar una implementación más justa. El problema con este enfoque de arriba hacia abajo es que da por sentada la buena voluntad de los gobiernos y los desarrolladores. Se asume que al ofrecer al desarrollador un código ético con las mejoresprácticas sobre cómo llevar a cabo una implementación más justa de los proyectos, tendrá la voluntad política para hacerlo de esta manera(Galvin, 2020).
Enuna reunión celebrada en marzo de 2019 en Ebtún, mientraslos representantes del gobierno discutían con los vecinos las razones por las que se detuvo el proyecto, el gobierno siguió enfatizando que los firmantes de la demandaeran miembros de otras 'comunidades no afectadas', como Dzitnup y Valladolid. Sin embargo, para los miembros de la comunidad maya signatarios de la demanda, así como para muchas otras bases y defensores del territorio maya, el hecho de que el proyecto no esté 'en su patio trasero' o dentro del límite oficial de su localidad, no significa que no les afectará. Para ellos, es clave reivindicar la defensa de un 'territorio' en un sentido más amplio de la palabra: 'El territorio es ese lugar de donde vienen nuestros antepasados, donde realizamos nuestras actividades de la vida diaria, no necesariamente donde laley lo limita' (Ian, residente maya local). El punto aquí es que la decisión de quién se verá afectado (o no) no debe dejarse en manos de los formuladores de políticas y los desarrolladores. El hecho de que las comunidades localesno puedan decir si serán afectadas o no por un proyecto ya constituye una violación de su derecho colectivo indígena a la autodeterminación. Y, por tanto, constituye una injusticia. Los miembros de base y de la comunidad que se oponen a las ideas a estos proyectos no lo hacen pensando como una preocupación individual. Se conciben a sí mismos como una comunidad completa, y como tal, si algunos de ellos o sus tierras se ven afectados, todos se ven afectados, independientemente de que el proyecto no esté literalmente en su casa. Estas injusticias colectivas casi nunca se mencionan en el marco de la justicia energética, ya que su base teórica está fuertemente centrada en los marcos individualistas del Noroeste Global, más notablemente del filósofomoral John Rawls (Galvin, 2020). En palabrasde Schlosberg y Carruthers (2010,p. 17), “a diferencia del pensamiento político liberal tradicional, los movimientos contemporáneos no se limitana entender una injusticia como enfrentada solo por individuos; el reclamo de justicia como comunidad suele estar en el primerplano de sus interesesy protestas”. Si el marco de justicia energética aspira a tener un impacto más allá del Norte, es clave que reconozca las concepciones más amplias de justicia. También debe prestar más atención a las visiones de las movilizaciones colectivas, como las que reclaman que se respete su derecho a la libre autodeterminación para que el pueblo sea quien decida quién está siendo afectado, a quién debe consultarse y bajo qué concepciones de justicia una transición a energías renovables debe llevarsea cabo. 4.1.2. Participación no significativa Además del proceso contencioso de inclusión parcial de las comunidades en la toma de decisiones clave, otra injusticia procesal significativa percibida y vivida en el campo es el tipo de participación de los pueblos en la implementación del proyecto. Dentro del actual modelo privado a gran escala parala transición energética, la participación de las personas para decidir sobre el proyecto a menudo se limita a una decisión de sí o no en la llamada CLPI. Para muchos miembros de la comunidad, ser consultados una vez que se han tomado todas las decisiones clave en términos de ubicación, tamaño del proyecto, tipo de tecnología y áreas de influencia del proyecto no equivale a una participación significativa. Ellos [los desarrolladores] llegan con el proyecto y ya está todo hecho, el personal que viene ya sabe cuáles son los tratos. . . el gobierno ya está incluido también, entonces, ¿qué espera de una empresa?, viene a poner su negocio (Marcelino, residente local Ebtún) Esta forma de participación comunitaria es vista por miembros de la comunidad y movimientos de base como una fachada, un intento de legitimar la imposición de un proyecto mientras se pretende que las comunidades puedan ejercer su derecho a la autodeterminación y al consentimiento informado. Las consultas se hacen cuando los proyectos ya están definidos, cuando ya están hechos los contratos cuandotodo está claro entre ellos, luego se hace una simulación, la gente va y vota,y ya está. Eso no es una consulta; eso es engaño(Mario, vecino de Valladolid).
El enfoque de justicia procesalen el marco de justiciaenergética sugiere que se debenproporcionar espacios para la participación significativa de las personas para garantizar una transición más justa, haciendo énfasis en el instrumento de la CLPI para obtener el consentimiento de las comunidades antes de la ubicación de los proyectos de energía (Sovacool & Dworkin, 2015). Sin embargo, centrarse en este instrumento institucionalizado no garantiza la justicia por sí solo. Al ser implementado por el gobierno(con la ayuda e información de los desarrolladores), se basa en la buena voluntad y las interpretaciones de quienes lo llevan a cabo. Aunque el CLPI se ha convertido en un símbolo dominante en las discusiones sobre los derechos humanos e indígenas, e incluso en las políticas neoliberales, este mecanismo ha sido muy cuestionado por los movimientos de base. Esto se debe a que puede verse como “un mero procedimiento, muy propio de la gobernanza neoliberal o como un elemento sustantivo del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas” (Llanes Salazar, 2020, p. 172). La mayoría de las organizacionesindígenas y sus aliados argumentan que, en el contexto de México, se ha utilizado como un mero procedimiento de consulta, no satisfaciendo las demandas de justicia como la autodeterminación de los pueblos. El problema es que aunque la consulta se hiciera libre, previa y de buena fe, no sería un ejercicio de autodeterminación ya que no serviría para que el pueblo determine lo que quiere o lo que van a ser en el futuro, solo sirve para qué la comunidad se pronuncie sobre la iniciativa de un tercero (Gabriel, miembro de una organización sin fines de lucro activaen la región). En general, centrarse en preceptos procedimentales institucionalizados no es suficiente para llevar adelante transiciones energéticas justas. Como argumenta Rodríguez-Garavito (2011, p. 273), “el énfasis en el procedimiento pospone o mitiga, pero no elimina desacuerdos sustantivos, ni visiones contrastantes de participación y empoderamiento defendidas por la masa gobernante y el movimiento de derechos indígenas”. Por el contrario, en muchos casos, instrumentos procedimentales como la CLPI han demostrado incrementar los conflictos por la tierra y los recursos (Dunlap, 2018; Rodríguez-Garavito, 2011) debido a la 'abismaldiferencia entre los contextos en los que la CLPI está reguladay los contextos en los que efectivamente se realizan las consultas” (Rodríguez-Garavito, 2011, p. 291). De manera similar, los contextos en los que los académicos teorizan sobre el significado de la justicia son bastante diferentes del contexto en el que las personasluchan por la justicia,lo que genera percepciones limitadasy políticas infundadas. Se debe prestarmás atención a las opiniones de base sobre lo que realmente significa la justicia y cómo podríanser la inclusión, la participación y la transición. Asimismo, una participación significativa debe involucrar las complejidades locales para que la dinámica de poder no se incline hacia un solo lado -provocando un procedimiento injusto-. Sin embargo, en espacios participativos de arriba hacia abajo, como la CLPI y "reuniones informativas públicas" similares organizadas por el gobierno o los propios desarrolladores, las complejidades locales apenas se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta en absoluto. En la implementación del proyecto Yucatán Solar, por ejemplo, siglos de marginación, discriminación e intento de dominación hacia comunidades rurales e indígenas han llevado a que muchas personas no tengan la confianza para expresar sus opiniones en eventos públicos. En una reunión pública en Ebtún, por ejemplo, luego varias llamadas de los representantes del gobierno para que la gente recolectara firmas para apoyarel proyecto, una mujer maya decidió ponersede pie y dijo: La verdad es que aquí hay muy poquitos que sebe leer o escribir, y aunque pareciera que están entendiendo lo que se les está diciendo, a veces no lo comprenden. Luego, hay otras gentes que, aunque quieren hablar porque saben que este proyecto les puede afectar… no se atreven a decirlo porque veces tienen vergüenza o no saben cómo expresarse (Flor,mujer maya en un reunión públicainformativa).
Afirmaciones como que la gente no participaba por vergüenza o miedo de ser señaladas como "opositoras al progreso" o incluso ser amenazadas por oponerse al proyecto eran muy comunesen el campo. Estos temores no estaban lejos de la realidad ya que un par de firmantes de la demanda contra el proyecto declararon públicamente ser amenazados o acosados. Una activistamaya y maestra de la comunidad Dzitnup expresó en una conferencia de prensa haber sido intimidada por representantes de la empresa que la visitaban en su lugar de trabajo en un intento de convencerla de que retirarala demanda. Asimismo,otro signatario de la demandalegal fue visitadoen su domicilio por un extraño y se le dejó una nota pidiéndole que se retirara de la demanda. Estas formas de intimidación desalientan a la poblaciónde tener una mayor participación e involucramiento, especialmente cuando se trata de denunciar proyectos que se perciben con gran respaldopolítico. Ser amenazado por oponerse al desarrollo de megaproyectos en México no es raro. Sin embargo, en el contexto de Yucatán, la llegada de este nuevo modelo de infraestructura energética de "energía limpia" a gran escala representa una amenaza aún más grave debido a su naturaleza de asentamiento en grandes áreas de territorio. Pablo, un activista maya en oposición a estos desarrollos, expresó su preocupación al hacer una analogía con las imposiciones coloniales históricas. Yo siempre he dicho que esto de los de la energía renovable y sus proyectos es como cuando nos llegó la Biblia, tenía un mensaje de esperanza, pero si no la aceptas te mataban , entonces hoy estas energías limpias no entendemos si es limpia porque va acabar con nosotros o es limpio porque va a hacer justicia a todos(Pablo, activista maya amenazado por oponerse al proyecto). Sibien las sugerencias normativas de procedimiento para una implementación más justa de proyectos, como los ejercicios de consulta, han servido como un espacio para la convergencia entre diferentes actores, en la mayoría de los casos, las dinámicas de poder sistemáticas y dominantes no han permitido que se aproveche como un espacio para la participación significativa, donde las comunidades pueden ejercer agencia sobre lo que ocurre en sus territorios. En esta línea, los marcos de justicia procesal y energética se beneficiarían al alejarse de las racionalidades procesales de arriba hacia abajo donde se ignoran las relaciones de poder y se asume que las partes participan en iguales términos en los procesos de consultas. Los reclamos colectivos de identidad cultural,autodeterminación y control sobre territorios a menudo invocados por los pueblos indígenas se presentan como una oportunidad para enfocarse en entendimientos de la justicia energética con más impacto. 4.1.3. Injusticias socioambientales y divulgación parcialde información El contexto general del cambio climático, junto con el importante potencial eólico y solar en la penínsulade Yucatán, ha sidola justificación oficial para apoyar proyectos solares y eólicos en la región. Se estima que durante el período 2018-2032 se instalarán un total de 32 proyectos, 21 parques eólicos y 11 parques fotovoltaicos en la Región Peninsular de Yucatán (Sánchezet al., 2019). Los efectos acumulativos sobre el medio ambiente y los cambios de uso del suelo ponen en riesgo no solo la sostenibilidad del territorio sino también la supervivencia cultural de los pueblos que dependen de él (Sánchez et al., 2019). Además, el hecho de que la población local no tenga voz en la ubicación y otras características clave del proyecto ha provocado que las decisiones se tomen en base a criterios puramente técnicos y económicos, dejando de lado la sostenibilidad ambiental que muchas veces presumen los proyectos renovables. En el parque fotovoltaico Yucatán Solar, la ubicación del proyecto significó la devastación de aproximadamente 1260 ejemplares arbóreos y 5786 arbustos por hectárea (SEMARNAT, 2017), provocando un severo impacto en la flora y fauna nativa. Pablo, activista maya que se opone a este proyecto, resaltalas contradicciones de estemodelo desde su perspectiva particular. En este momento, lo que les preocupa [a los desarrolladores y los gobiernos] es en generar corriente eléctrica. Pero lo están haciendo deforestando y tirando selva. De aquí al 2030, 2050, es muy probable que haya energía eléctrica. De lo que no estamos seguros es que haya oxígeno, pues ya chingaron todos los árboles. ¿Tienenalguna idea de cómo eso va a repercutir? Que a toda madre, hay corriente [eléctrica], pero ¿qué respiras? Esa es la cuestión(Pablo, activista maya).
Esta afirmación da una vívidaimpresión de la paradoja delo quese promuevecomo una "externalidad" ambiental o una "compensación" en la carrera por alejarse de los combustibles fósiles. Sinembargo, vamásalládeeso. Activistasdebase ymayashacenunllamadoaira la raízdelproblema. ¿Vale la pena derribar la jungla en nombre de mitigar el cambio climático? Y si es así, ¿a expensas de qué y de quién? Derribarárbolesy llenar el planeta tierra con turbinasy panelessolaresno nosacercará a una sociedadsostenible si no cuestionamos el uso de la energía generada y su demandainfinita. No ser crítico con los ideales de crecimiento infinito promovidos por la lógica capitalista-liberal a expensasdel medio ambiente no salvará a los seres humanosde la crisis del cambio climático. Al abordar las energías renovables, muchas veces se ignora la parte de ellas que no es renovable en absoluto (Dunlap, 2019). Apenas se reconoce la gran cantidadde minerales extraídospara la creación de infraestructura solar y eólica.Tampoco hay una opinión clara sobre lo que sucederácon la cantidad de residuos no reciclables generados al final desu vidaútil. Si la transición a la energía renovable sigue el mismo modelo extractivistaliderado por empresas privadas quese observaen loscombustibles fósiles, no soloreproducirá las injusticias socioambientales de la industria con alto contenido de carbono, sino que tambiéncreará nuevasy empeorará las existentes (Dunlap, 2019; Shapiro & McNeish,2021; Temper et al., 2020). Un estudioreciente demuestra que los proyectos con bajas emisiones de carbono son casi tan conflictivos como los combustibles fósiles, y tienen un impacto desproporcionado en grupos vulnerables como las comunidades indígenas. Si bien "los pueblos indígenas constituyen el 3% de la población mundial, se ven afectados en no menos del 50% (n = 322) de los casos examinados" (Temperet al., 2020, p. 14). Un porcentaje similar es representativo tanto de combustibles fósiles como de proyectos renovables.Lasinjusticias socioambientales derivadasde losproyectos de energía renovable y las personasafectadas deben ponerse al frente de las discusiones sobre justicia energética. Si bien existen claros impactos socioambientales e injusticias derivadas de los proyectos renovables, las comunidades de acogida apenasestán informadas al respecto. La divulgación incompleta de información para estos proyectos fue un tema recurrente destacado por los entrevistados. La mayoría de los encuestados mencionaron que la información proporcionada durante las reuniones informativas y las consultas con los desarrolladores y el gobiernoestaba sesgada, ya que predominantemente se enfocarían en los beneficios y rechazarían o minimizarían los impactos locales. Si vienen y te dicen que te van a meter en un proyecto donde te darán trabajo, te pagarán bien, no te afectará para nada, te generará energía limpia, y hasta bajarán tu pago de luz. Bueno, ¿quién dice que no? Pero, se están aprovechando de la necesidad y el desconocimiento de la gente porque esa información no es real y coneso manipulan a la gente (Omar, residente local de Cuncunul). Cuando los representantes de las empresas desarrolladoras y sus consultores se enfrentan a preguntas incómodas sobre los impactos sociales, sanitarios y ambientales de los proyectos, estos con frecuencia las evitan,ignoran descaradamente las preguntas o las respondena medias. Un ejemplo de esto pudo ser presenciado en una pequeña reunión improvisada entre miembros de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal,algunos aliados académicos de la organización, y representantes de la empresa Jinko Solar y consultores que desarrollaron las evaluaciones de impacto ambiental y social (contratados por el desarrollador), se produjo un acalorado debate sobre los impactos del proyecto en el área local. Si bien el representante de la empresa afirmó "estar abierto y disponible para dialogar y brindar información a la comunidad", un académico preguntó repetidamente sobre los impactos del proyecto en la apicultura. El representante respondió que proporcionaron información a la comunidad sobre cómo "los paneles" no afectarían a las abejas. A lo que el académico respondió: 'el problema no es si los paneles afectan a las abejas,el problema es si la deforestación afectala apicultura.
Mientras los representantes de los desarrolladores se interrumpieron el uno al otro tratando de responder la pregunta, uno de ellos concluyó que no había una "producción significativa de miel en el polígono", evitando nuevamente la pregunta principal. De igual forma, les hicieron preguntas sobre la cantidad y tipo de bosque en el polígono que existía antes de la deforestación. A varios de estas preguntas respondieron vagamente diciendo excusas como 'no tengo la cifra exacta' y 'como no somos especialistas en medio ambiente ... podríamos pedirle a un especialista, en este caso, que hable contigo para darte los detalles precisos de la inquietud que tiene’. Afirmar que no son "especialistas en medio ambiente" pero que aún están a cargo del desarrollo de las evaluaciones de impacto social y ambiental no consoló a los escépticos asistentes. Con decepción por las preguntas en su mayoría incompletas o sin respuesta,una persona de las asistentes argumentó con enojo, Sí sería importante que, ustedes que de algún modo están representando esta empresa y vienen a dialogar, por lo menos tuvieran la información. O sea, se me hace increíble que además 200 hectáreas “aproximadamente” y lo otro aproximadamente, que no saben cuánto más es. Y ahora que digan que el proceso no afecta la apicultura. Eso es algo muy ignorante que digan que no afecta, una cosa es que haya tantos apicultores en una zona y las abejas que no están dentro de la apicultura que se puede decir controlada. O sea, las abejas silvestres son afectadas, eso hasta un niño de primaria lo sabe. ¿Por qué siempre buscan engañar a la gente? (Nayely, miembro de la asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal) Las evaluaciones sociales y de impacto también presentaron importantes deficiencias metodológicas y sesgos de información, meramente basados en conocimientos tecnocráticos y lógicas mercantilistas. Además, dado que el propio desarrollador contrata firmas consultoras para realizar los estudiosde impacto socioambiental sin procesos de verificación independientes, esto suele verse como un conflicto de intereses (Sánchez et al., 2019). En la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Yucatan Solar, por ejemplo, muchos impactos se clasifican como adversos pero "mitigables". Por mitigable, se suele entender que tratan de "afectar lo menos posible" siempre que no interfiera con los interesesdel proyecto. En las denominadas Medidas de Prevención y Control del Subprograma de Conservación de Flora y Fauna del EIA, se declara como medida de conservación que 'En las áreas de afectación temporal y donde sea factible asegurar la circulación segura de [ proyecto] vehículos, los árboles más grandes se mantendrán ... Esta actividad también se llevará a cabo en los bordes de la vía de acceso” (EIA, 2016, cap. 6, p. 12). Para ellos, la deforestación de más de 200 hectáreas se puede mitigar prometiendo dejar algunos árboles intactos. De igual forma, ponen un alto énfasis en las medidas de restauración, lo que implica rescatar algunas especies que los 'especialistas' consideran importantes: 'Se llevará a cabo el rescate de especímenes completos de especies vegetales incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 ... discriminará aquellos ejemplares que, por su tamaño, tuvieran una baja probabilidad de supervivencia tras el trasplante. En general, no se rescatarán ejemplares de más de un metro de altura ”. Los desarrolladores también afirmaron que cumplirían con las medidas de mitigación pagando al gobierno por el daño causado, en el entendido de que la entidad [gubernamental] (CONAFOR) responsable de la aplicación de los recursos aportados canalizará los recursos [económicos] restaurar ecosistemas forestales en la misma área de influencia del Proyecto '(EIA,2016, cap. 6, p. 16). Ningunode estos supuestos reconoce o se refiere a si la comunidad valora el medio ambiente de alguna otra manera. En ningún momento el EIA menciona que se tomarán ciertas medidas de mitigación 'de acuerdo con lo que la comunidad considere importante'. Este enfoque asume que todas las personas valoran el medio ambiente de la misma manera (principalmente como bien económico), y que, por lo tanto, cualquier la compensación servirá para hacer el proyecto más justo. Además de las relaciones de poder en las reuniones multiactor, las discusiones que se llevan a cabo en estas se dirigen deliberadamente a medidas compensatorias, en lugar de tener una discusión más profunda sobre el proyecto en sí, si se debe implementar o no. Aunque hay muchas personas que aceptan proyectos por necesidad económica, la realidad en el campo hay muchas personas que valoran el medio ambiente y la naturaleza de diversas formas.
Varios entrevistados afirmaron que la pérdidad e biodiversidad debido a estos megaproyectos no solo amenaza el medio ambiente, sino también la supervivencia de tradiciones ancestrales y su cultura. Por ejemplo, la medicina tradicional maya todavía se practica en la región. Se basa en especies que se encuentran principalmente en la selva en buen estado de conservación -como la desmantelada por el proyecto- según Yatziri, una mujer maya de la comunidadEbtún. Asimismo, un firmante de la demandadel proyecto Yucatán Solar afirmó durante entrevistas que el Xok K'iin (también conocido como cabañuelas mayas) -un método tradicional de observación del ecosistema de la junglaa través del cual predicen el clima y los fenómenosmeteorológicos que ocurrirándurante el año- sigue siendo un método de 'suma importancia' para algunos agricultores mayas ya que determina el calendario agrícola maya y, por lo tanto, se convierte en una forma de garantizar la obtención de alimentos. De igual forma para otro activista y defensor del territorio maya, 'elXox K'iin –cabañuelas en lengua maya– es una lectura permanente de la vida y un reencuentro con nuestras raíces' (Caamal 2018, miembro activo del “Xok k'iin” colectivo). Para estas personas, el hecho de que el desarrollador pague una suma por el área deforestada, ya sea al gobierno o a la comunidad, no compensará la amenaza a sus prácticas tradicionales y supervivencia cultural. Como explican algunos integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal y otros miembros de la comunidad: No estoy defendiendo nuestro territorio por capricho, estoy defendiendo una forma de vida, y creo que todos los seres humanos y todas las culturas tenemos derecho a defender una forma de vida” (Alfredo, miembro de asamblea de base maya). Sino defendemos nuestro territorio, las empresas van a acabar con nuestracultura (Maria, residentelocal de Dzitnup). Esto hace eco de los argumentos de Schlosberg y Carruthers (2010, p. 13) con respecto a "cómo los reclamos de justicia ambiental de los indígenas están integrados en luchas más amplias para preservar la identidad, la comunidad y las formas de vida tradicionales". Como se ve en las citas anteriores, para los mayas, oponerse a los proyectos no es solo una cuestión de no permitir que se construya infraestructura energética cerca de ellos. Lo que estas comunidades tienen en juegoes algo más importante que solo algunas parcelas de tierra; luchan por la supervivencia de su identidad como comunidad. Las concepciones ambientales de la justicia para los pueblos indígenas van más allá de las preocupaciones individuales y distributivas. En palabras de Schlosberg y Carruthers, Las luchas por la justicia ambiental de los pueblos indígenas revelan un discurso de justicia amplio, integradoy pluralista, que puede incorporar una gama de demandas de equidad, reconocimiento, participación y otras capacidades en una preocupación por el funcionamiento básico de la naturaleza, la cultura y comunidades (p. 12). Como se puede ver anteriormente, la aplicación de políticas universales de arriba hacia abajo ha inclinado la balanza del poder de decisión hacia el gobierno y los desarrolladores, provocando injusticias procesales y socioambientales, impidiendo que las comunidades ejerzan su derechoa la autodeterminación. La evidencia anterior también demuestra que los pueblos indígenas ven su territorio como más que un activo económico. Aunque las perspectivas y valores dentro de las comunidades ciertamente no son homogéneos, muchas personas locales valoran su entorno y territorio de diferentes formas y, por lo tanto, se deben reconocer y respetar las diversas perspectivas. En este sentido, sostengo que los marcos de justicia procedimental y energética en general se beneficiarían de alejarse de una concepción de justicia universal, distributiva y centrada en el individuo. Es de suma importancia que se escuchen y se tengan en cuenta las voces que luchan sobre el terreno, ya que ciertamente pueden proporcionar concepciones y opiniones más realistas sobre lo que es valiosoy, por lo tanto, cómo una transición a la energía renovable podría ser más justa y medioambientalmente sustentable.
4.2. La autodeterminación como vía de justicia energética Durante este estudio, los miembros de la comunidad mostraron poca o nula confianza en que la implementación del proyecto se volviera más justa y sostenible bajo el actual modelo privado de energía renovable a gran escalaactual, y sugirieron que se tengaen cuenta una perspectiva de abajo hacia arriba: Creo que [la energíarenovable] no vale la pena desde la perspectiva que se está manejando, quizás si se hiciera desde la perspectiva de las comunidades indígenas cambiaría, y sería realmenteamigable con el medio ambiente. Puede preguntar, ¿cómo? Bueno, con proyectos pequeños o en el techo de las casas que no me hacen daño, donde ya es una zona urbanizada y ya está deforestada (Residente de Ebtun). Los encuestados también señalaron las limitaciones de este modelo en lo que respecta al control sobre sus territorios y poder de decisión, con llamados a una mayor autodeterminación y autonomía en el despliegue de tecnologías renovables: Creo que las comunidades deben hacer su propia política pública y ser reconocidas en el marco de su autonomía y autodeterminación. Ellos [agentes externos y gobierno] no deben hacer políticas para las comunidades. Es lo que hemos sufrido durante 500 años, haciendo la misma política pública para todos cuando no somostodos iguales. [. . . ] Aquí, el problemaes que la ley la hacen algunospara todos cuandono somos todos iguales.Eso hay que entenderlo, y si se reconoce esa diversidad, creo que viviremos mejor (Pablo, activistamaya). Como se ve en las citas anteriores, las comunidades indígenas y las bases tienen ideas críticasy esenciales para incorporar a la conversación sobre justicia energética y desarrollo. A pesar de esto, sus ideas y conocimientos se han desatendido en gran medida. Las comunidades deben tener la posibilidad de desarrollar políticas desde sus propios antecedentes que abarquen su complejidad para que las soluciones sean adaptables al contexto de las comunidades (McHugh,2017; Tsosie, 2012).Como dice Ramon: Creo que [mi visión] coincide mucho con el enfoque zapatista que tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación. ¿Qué significa esto? La posibilidad de leyes que permitan al pueblo hacer nuestras propias leyes, respetando nuestras peculiaridades históricas, culturales y de identidad. Eso es lo que tendríamos que construir en primer lugar. El resto seguirá por sí solo (Ramón, miembro maya de organización de base). Esto también hace eco de ideas presentadas en Broto et al. (2018) y Cowell (2017) sobre soberanía energética y descentralización de la gobernanza energética para una toma de decisiones de infraestructura energética más democrática y justa (ver Broto et al., 2018; Cowell, 2017). Broto et al., en su estudio en Mozambique, por ejemplo, concluyeron que 'el pensamiento de soberanía energética complementa el pensamiento de justicia energética al enfatizar la necesidad de reconocer la autonomía y autodeterminaciónde las personas al enmarcarlas decisiones energéticas que les afectan, incluidos los marcos aplicados para evaluarlas' (Broto et al., 2018, p.648). Como se ve en las citas anteriores, las comunidades pueden aportar muchas ideas al imaginar una transición más justa y sostenible. Es importante reconocer e integrar verdaderamente estas voces y conocimientos. Como argumenta elocuentemente Eloy: Para que se produzca una transición energética justa, es necesario que suceda desde la perspectiva de la comunidad, desde la perspectiva de nosotros como personas, ya que se supone que esta transición es en beneficio de las personas. Entonces, somos nosotros quienes debemos decidir, cómo lo queremos, dónde lo queremos y qué queremospara nuestra comunidad(Eloy, residente local maya). Algunas personas pueden pensar que el principio de autodeterminación plantea desafíos para los sistemasinfraestructurales energéticos porque las afirmaciones de autodeterminación pueden introducir nuevos puntos de veto potenciales dentro de los sistemas que algunos actores desearían que se extendieran "tranquilamente" a través del espacio. Sin embargo, los principios de autonomía y soberanía energética son una oportunidad para impulsar formas alternativas de proyectos de energía (Stefanelli et al., 2019). En México,el conflicto por los desarrollos solares y eólicos a gran escala presionó al gobierno para detenerel sistema de subastas, lo quellevó a su suspensión actual.
Esto ha presentado una oportunidad para considerar la energía renovable basada en la comunidad (al menos en teoría) ya que el 'Plan Nacional de Desarrollo 2019-24' declaró que la nueva política energética promovería el desarrollo sostenible a través de la incorporación de poblaciones y comunidades en la producción de energía con fuentes renovables. Esto abre un escenario en el que los pueblos mayas que viven en esos territorios podrían tomar un papel activo en la transición, tomandoel control de la producción de energía dentro de sus territorios y presionando por una transición más sostenible y justa. 5. Conclusión El proyecto fotovoltaico Yucatán Solar demuestra claramente los desafíos de lograr una implementación justa de la infraestructura de energía renovable debido a las limitaciones derealizar enfoques normativos de arriba hacia abajo para la justicia procesal en el terreno. El estudio muestra que la imposición de modelos privados y lucrativos produce y reproduce injusticias, desigualdades y dinámicas de poder que ponen en riesgo el contexto cultural y socioambiental local. Abordar las transiciones energéticas requiere la participación significativa de las comunidades locales, consulta y divulgación completa de información clave para la toma de decisiones informada (Huesca-Pérez, Sheinbaum-Pardo y Koppel, 2016; Sovacool y Dworkin, 2015). Sin embargo, los mecanismos procedimentales institucionalizados, como la CLPI y las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social, han resultado ineficaces para garantizar una implementación y una transición justa y renovable en general. Se necesitan modelos de transición que otorguen mayor poder de decisión a las comunidades y que respeteny promuevan sus derechos a la autonomía y autodeterminación. Si bien los marcosactuales de justicia energética son útiles para ayudar a identificar las injusticias percibidas y experimentadas en el terreno, carece de un énfasis en los enfoques de abajo hacia arriba y de reconocimiento que conducen a graves injusticias socioambientales en el terreno. Los marcos de justicia energética existentes deben ser más sensibles a las demandas de las comunidades indígenas y pasar de enfoquesnormativos de arriba hacia abajo a una formulación de políticas más de abajo hacia arriba para abordarlas sistemáticas injusticias energéticas y socioambientales. En general,la literatura sobre justicia energética se beneficiaría de reconocer y abrazar las nociones pluralistas de justicia tal como se reflejanen los reclamos y luchas de los movimientos de base. Es cada vez más evidente que la soberanía energética indígena es un elemento crítico para mejorar la justicia en la transición energética (Cotarelo et al., 2014; Schellyet al., 2020). Priorizarla autodeterminación sobre el consentimiento, la participación y la inclusión en contextos indígenas es una forma clave para lograr una transición energética socialmente más justa y sostenible (Gutiérrez, 2018). Por lo tanto, integrar los conceptos de soberanía energética en el marco de justicia energética no solo hará que la transición energética sea más justa (al contemplar una comprensión más amplia de la justicia y enmarcar las decisiones energéticas de acuerdo con lo quelas comunidades creen que es mejor para ellas), sino también, en el proceso, las transiciones podrían ser más eficaces reduciendo la oposición y promoviendo formas descentralizadas y comunitarias alternativas a la infraestructura de energía renovable.
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