Carta a Consejo de la Judicatura y al Relator Independiente sobre Independencia Judicial de la Organ
Península de Yucatán, a 28 de septiembre de 2020
Ministro. Arturo Zaldívar Lelo de la Rea
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal
Sr. Diego García-Sayán
Relatoría Independiente sobre Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch Xíinbal[1]; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)[2]; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C (Indignación A.C.); Red Anticapitalista MX; Colectivo Tres Barrios, organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento diversos hechos y situaciones de suma preocupación que indicarían obstáculos serios al interior del Poder Judicial de la Federación para acceder a la justicia por vía de amparo. Consideramos que lo aquí planteado no se trata de hechos aislados sino de una resistencia para atender y conocer de demandas presentadas por distintas comunidades indígenas, organizaciones, colectivos y personas defensoras para proteger los derechos humanos frente a las distintas afectaciones derivadas de la implementación del megaproyecto denominado “Tren Maya” en la Península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.
Contexto sobre el megaproyecto Tren Maya
El sur-sureste de México se conforma por las entidades federativas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. En esta zona de gran riqueza cultural y ambiental se encuentra en implementación y en construcción el Proyecto de desarrollo denominado “Tren Maya” (en adelante “PTM” o “Tren Maya”), mismo que forma parte de una serie de megaproyectos del actual Gobierno Federal de México[3].
El PTM pretende construir entre 1,460 kilómetros y 1,525 kilómetros de vías férreas que atravesarán las cinco entidades federativas de la región Sur-Sureste[4]. El trayecto general del Tren Maya tendrá un área de influencia sobre 533 ejidos y 1,510 comunidades indígenas de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko, pasando directamente por 43 municipios de las cinco entidades federativas mencionadas[5]. El proyecto también afectará a 6 lugares declarados como Patrimonio Mundial, así como a 35 lugares con Valor Universal Excepcional y 5 Reservas de la Biósfera de la UNESCO[6].
El Gobierno Federal, a pesar de la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), inició la construcción del PTM el pasado 30 de abril de este año, sin importar las medidas de aislamiento social ordenadas el pasado 31 de marzo por la propia Secretaría de Salud Federal ante la pandemia[7]. Este inicio de construcción se dio con posterioridad a un simulado proceso de consulta que fue cuestionado ampliamente y actualmente está impugnado en varios juicios de amparo, existiendo una suspensión dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Campeche (expediente 12/2020) por no ser acto consumado (ya que FONATUR ha expresado en múltiples actos públicos que se continúa con las consultas específicas, sin apego a los estándares internacionales de consentimiento previo e informado) y por violentar el derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de consulta, uno y el fundamental, el derecho a la expresión de la voluntad libre de error, dolo, engaño y violencia. organizaciones de la sociedad civil[8] e incluso por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) en México[9].
Adicionalmente, la construcción del proyecto comenzó sin contar con los estudios previos de impacto ambiental[10] e impacto social requeridos, violentando los principios de información previa y pro natura. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental para la primera fase de la construcción eludiendo la responsabilidad de evaluar los impactos de forma integral[11].
En contraste, las autoridades no han señalado las medidas de prevención y mitigación para evitar afectaciones graves sobre el sistema de ríos subterráneos que caracterizan a la Península de Yucatán (cenotes), el cual es la principal fuente de acceso al agua en la región. Distintas voces académicas y especialistas en derechos humanos han advertido los graves e irreversibles daños que el proyecto generará en el acceso al agua[12].
Adicionalmente, el PTM incluirá la construcción de nuevas zonas hoteleras aumentando la capacidad para recibir hasta 3 millones de turistas adicionales[13], la construcción de estaciones para el tren y sus “polos de desarrollo” asociados[14], es decir, nuevas ciudades, y el desarrollo de corredores industriales y agroindustriales[15]. Todo lo anterior requerirá grandes cantidades de agua para carga y descarga, siendo las aguas subterráneas de la Península de Yucatán la única fuente disponible, que se verá sobreexplotada.
Las autoridades también han señalado que la construcción de este megaproyecto incluirá un proceso denominado de “reubicación” para las comunidades y barrios en los cuales actualmente recorre la vía del tren ya existente que se pretende ampliar y remodelar para el PTM. Esto a pesar de que dicha vía fue construida en la década de 1930 sobre barrios y colonias prexistentes desde el siglo XIX o antes. Distintas comunidades y activistas han señalado que la falta de fundamento legal y de claridad sobre ese proceso de “reubicación” violente derechos por los desalojos y desplazamientos de las comunidades[16] de los cuales las autoridades tampoco muestran información o un plan o proyecto.
A todo ese contexto debe agregársele la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19). Debido a las medidas de distanciamiento social, al riesgo de contagio y a la suspensión o limitación de actividades, el juicio de amparo se ha vuelto de los pocos medios de defensa disponibles para las personas que temen afectaciones irreparables a sus derechos en el marco del PTM. Es por eso que se han presentado diversas demandas para atender distintas preocupaciones que se han dado alrededor de este megaproyect