La Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno T’ho’ denuncia que:
- La Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno
- 1 ago 2018
- 10 Min. de lectura
“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo, cuidando al medio ambiente y la forma de producir nuestros alimentos. Nosotros como mayas sabemos cómo sustentar el medio ambiente haciendo lo que nos corresponde hacer, no como la sustentabilidad que proponen estos gobiernos que es muy distinta a la que nosotros practicamos; porque lo que vemos es que ellos están buscando beneficiar a los empresarios aún si es a costa de la devastación de selvas como en el caso de las empresas de energías renovables, las fotovoltaicas, que deforestarán miles de hectáreas con el permiso de los gobiernos.”
Integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar
La Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno T’ho’ denuncia que:
A más de un mes (6 de junio de 2018) de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, emitió la sentencia definitiva a favor del amparo interpuesto por comunidades mayas del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, La Jornada Maya publicó tres notas periodísticas que arremeten contra los amparados para desvirtuar un movimiento legítimo de organizaciones mayas y ambientalistas comprometidos con las demandas de estos pueblos y organizaciones.
Las notas referidas son las firmadas por el señor Andrés Silva Piotrowsky, (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-20/Amparados-en-el-absurdo), el reportero Hubert Carrera Palí (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-23/Abrupto-golpe-a-la-sustentabilidad), así como el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche Roberto Alcalá Ferráez, (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-19/-Le-partieron-la-madre-a-quienes-confiaron-en-ASPY–Semarnatcam).
Cuando no se tienen los argumentos que conceden la razón, (como es el caso de algunos signatarios y/o beneficiarios del Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán [ASPY]) se recurre a sembrar dudas de la autenticidad u honorabilidad de quien sí los tiene e incluso puede comprobar.
Llama la atención que la línea en la redacción de los tres autores es similar, sobre todo con Roberto Alcalá Ferráez y Andrés Silva Piotrowsky; el señor Hubert Carrera Palí reportero del mismo diario, sólo repite en su nota lo que dijo el titular de la SEMARNAT en Campeche.
Descalificar ante los medios al oponente, manejar medias verdades, tratar los hechos con ligereza, tergiversarlos, ocultarlos, o de plano mentir, todo esto para confundir, son costumbres del corrupto sistema político mexicano, del que se sirven políticos y empresarios criminales, manipulando siempre para imponer su “línea” y/o implantar una versión a modo, tal como sucedió con la “Verdad Histórica”, en la “investigación” de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Lamentamos constatar el mismo método (modus operandi) y lo evidenciamos con estos ejemplos:
Manejo de información a medias:
Hablan de beneficios a futuro (promesas) para las comunidades y ostentan su conocimiento del manejo de los parámetros internacionales de reducción de emisiones de carbono, ninguno aclara cuáles son esos beneficios y mucho menos hablan de las consecuencias negativas que se sufrirán por la acción de los megaproyectos a nuestras tierras, tampoco mencionan que el documento del ASPY se puede comercializar y seguir contaminando.
Descalificación de los actores opositores y utilización de mentiras:
Dice Roberto Alcalá Ferráez: “Es una posición radical, tendenciosa y sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”.
Y dice Andrés Silva Piotrowsky: “El nivel de absurdo que han alcanzado quienes hoy reclaman que el ASPY se someta a un proceso de consulta es monumental. El acuerdo no despoja de nada a nadie. Obliga, por el contrario a garantizar la aplicación de siete salvaguardas:…”
Y de entre las siete destacamos dos, que desde la integración del ASPY no se cumplieron sólo aparecen en el papel: “…2.-Transparencia y rendición de cuentas y 3.- Respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales”.
Roberto Alcalá Ferráez también dice: “…No hay un soporte legal para frenar y acabar de un tajo con el ASPY, puesto que todo su programa se sustenta en la aplicación de políticas públicas ambientalistas y modelo ambientales que mitiguen el cambio climático …”
Mentira, el soporte legal que fue demostrado por el abogado Raymundo Espinoza fue la VIOLACIÓN de derechos colectivos de los pueblos mayas. Esto ha sido reconocido por un juez que conoce el alcance de las leyes nacionales e internacionales (que México ha firmado); y que garantizan, entre otros derechos, que las comunidades indígenas deben de ser consultadas cuando los proyectos de carácter público o privado (vengan del ASPY o no) afecten su entorno, sus parcelas, sus caminos, sus depósitos de agua, sus milpas, sus selvas, su vida cotidiana, su población, los animales del campo, las aves, murciélagos y abejas, su Territorio heredado por los abuelos y abuelas mayas, que poblaron y pueblan esta península desde hace varios miles de años.
Tergiversación de personajes y de hechos:
Dice Andrés Silva Piotrowsky: “La interpretación resulta incomprensible, y el hecho de que un magistrado haya estado dispuesto a otorgarles el amparo solicitado es solamente una muestra de la ignorancia que impera en nuestro sistema de justicia, al menos en materia de medio ambiente”.
Afortunadamente la lucha de los mayas organizados, las organizaciones que los apoyan y el excelente trabajo de su abogado, nos permiten ver que Silva o está muy mal informado o se presta al trabajo de distorsionar las leyes y los hechos.
Aquí también miente Silva Piotrowsky: “…Como quiera que sea, la decisión de otorgar el amparo ya ha sido tomada, sin que haya mediado discusión alguna y sin que se haya podido ofrecer defensa alguna del acuerdo ….”.
La discusión sucedió en todo el proceso del juicio. El abogado Raymundo Espinoza que representó al Consejo Indígena Maya de Bacalar tuvo que enfrentar a cerca de 50 abogados que enviaron las empresas y el gobierno; y logró demostrar que el Estado Mexicano a través de su aparato judicial, está obligado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre éstos, informarles, consultarles, preguntarles qué es lo que ellos piensan de estos proyectos legaloides que, envueltos en celofanes de altruismo, ecología y siembra “orgánica” convierten el territorio maya y sus recursos (tierra, agua, aire y sol) en mercancía, y se hace desde el poder y sus lacayos, valiéndose de las instituciones del Estado incluyendo vergonzosamente a las educativas.
El proyecto “modernizador” llámese Investigación biológica de “rescate” (biopiratería), banco de material de piedra, turismo “ecológico”, compañía cervecera, granjas para albergar miles de cerdos, zonas habitacionales que construyen rápidamente inmobiliarios irresponsables que resultan extensas y caras o diminutas y en serie; proyectos de producción de “energía limpia” (“limpia” el espacio afectando todo tipo de vida), vienen desde arriba, los únicos beneficiados son los mismos de siempre y las trasnacionales voraces que despojan y devastan el territorio.
Los pueblos mayas, conocedores del mismo, nos lo han venido advirtiendo, si esto continúa, la vida corre peligro, los pueblos y su cultura desaparecerán y nos han dicho que ellos continuarán luchando por su Derecho a la Autodeterminación, lo cual suena necesario y sensato y nos remite a su historia, a la experiencia y a los conocimientos heredados.
Discurso racista
Dice Roberto Alcalá Ferráez: “para cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio climático ¿hay que pedir permiso a los ambientalistas? se cuestionó [habla el reportero] al tiempo de que reiteró su lamento por todo el trabajo inútil que se hizo con el total apoyo de instituciones gubernamentales, ONG, ambientalistas, académicos, científicos nacionales e internacionales, y el esfuerzo conjunto de los gobernadores de la península de Yucatán”.
Cínicamente reconoce que no participaron los pueblos mayas, obviamente el trabajo de diseñar y armar el ASPY lo hicieron entre los que saldrían beneficiados de alguna forma con el acuerdo.
El amparo se otorga porque no se tomó en cuenta a los mayas, aunque la población que se reconoce como maya signifique más del 60% de la población. En ningún momento han mencionado que el amparo se otorga porque los principales derechos de los pueblos originarios están plasmados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Aquí ya no “les conviene” que se aplique el Estado de Derecho tan cacareado por empresarios, funcionarios y demás autoridades.
Aun siendo una OBLIGACIÓN, no se les informó a los pueblos mayas ni se les pidió opinión alguna a pesar de que son mayoría en la Península y están habitando su Territorio, no se tomó en cuenta su cultura y patrimonio tangible e intangible, no se proporcionó información en su lengua maya.
Una muestra más del racismo que domina los círculos de poder y asociaciones son las ganancias que capturan promoviendo a los pueblos mayas del período clásico y sus vestigios arqueológicos, así como las bondades turísticas del territorio maya, y son sus verdaderos herederos quienes han estado denunciando las irregularidades desde hace 6 meses.
Los engaños comenzaron acompañados de algunos regalos para los niños, después solo abusos, despojos y amenazas, por parte de personeros del gobierno y de las empresas que andan en busca de adultos mayores cuyos hijos viven lejos para que firmen contratos ventajosos para las empresas, o peor aun, dividiendo a las comunidades y comprando, literalmente, conciencias de algunos miembros de la comunidad, pues ofrecen entregar dinero a cambio de la firma o para convencer a los comuneros y lograr la mayoría .
Cuando se sigue una línea dictada, como el juego de “teléfono descompuesto” siempre se cae en contradicciones, por ejemplo Andrés Silva Piotrowsky desliza el asunto monetario: “… se preguntan por ahí que dónde están las grandes cantidades de dinero destinadas al ASPY, provenientes del sector privado (que al parecer, resulta ser algo así como “el maligno”). Lo cierto es que no hay hasta la fecha un solo peso destinado expresamente al acuerdo: no se ha perdido nada, nadie se ha llevado nada y nadie se enriquece a partir de la existencia del ASPY”.
Mientras que el titular de SEMARNAT en Campeche habla de pérdidas de millones: “le partieron la madre a miles de peninsulares que habían confiado en el Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY), con lo que se viene abajo todo un esfuerzo coordinado de más de seis años y millones de pesos para mitigar el cambio climático …”
Silva Piotrowsky comenta: “En realidad, no propone [ASPY] nada particularmente novedoso, sino que retoma objetivos y metas ya establecidos en diversos instrumentos, como la declaratoria de Río Branco, la de Nueva York …”
Y nos preguntamos, ¿por qué si existen todos esos programas y estrategias contra el cambio climático, nadie se ha tomado la molestia de darlas a conocer a los pueblos mayas y a la población en general? Conocer de las capacidades y las bondades de estos “instrumentos” que van a “lograr la cero deforestación” y “significar beneficios importantes para las comunidades rurales de la península”, así como sus impactos ecológicos y sociales, es indispensable para que las comunidades tomen decisiones que les beneficien y no les afecten.
Hasta el día de hoy sólo hemos visto desprecio e indiferencia de las autoridades hacia los pueblos mayas, falta de información oportuna y culturalmente adecuada, contratos ventajosos para las empresas o particulares privados, logrados con engaños. Si hay reclamo o no se desea rentar o vender, vienen las amenazas y los despojos legaloides de cientos y cientos de hectáreas para propósitos que no tienen que ver con beneficios, más bien con pérdidas para la población en general.
Los beneficiados son los de proyectos voraces inmobiliarios, turísticos, agropecuarios y en el caso de los megaproyectos energéticos, circula ya en la región peninsular amplia información, por diferentes medios, de las denuncias que están haciendo organizaciones que representan a los pueblos mayas afectados. Actualmente se encuentran defendiéndose poblaciones como Homún, Chablekal, Sta. Gertrudis Copo, Chocholá, Sinanché, Muna y Tikul, entre otras, están luchando por que se respeten sus derechos establecidos en las leyes nacionales e internacionales y en defensa de su Cultura y Territorio Estos son los hechos.
Y amenazan…
[Roberto Alcalá Ferráez] “subrayó que en Campeche no habrá ningún tipo de consulta, porque es facultad del Ejecutivo estatal decidir qué es lo que hace y qué no. En el caso de la Zona Económica Especial (ZEE) de Seybaplaya, y precisó que no tiene por qué llevarse a cabo consulta alguna, ya que el proyecto no forma parte del ASPY.”
Andrés Silva Piotrowsky dice: “Pero eso no quiere decir que los principios, los objetivos y las metas del ASPY hayan desaparecido. Están vigentes en los planes estatales de desarrollo, en los programas sectoriales de medio ambiente de las tres entidades, en los programas de acción contra el cambio climático y en las estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en los organismos internacionales a los que pertenecen o a los que se han adherido los tres gobiernos estatales, como Río Branco, Nueva York, Bonn, y el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima y la Agenda 2030. ¿Se pretende amparar contra todo esto?”
Para finalizar acudimos a las palabras del antropólogo Dr. Ezequiel Zárate Toledo (https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-05/Proyectos-energeticos-mantienen-el-control-de-comunidades) quién declaró que “los proyectos energéticos, tanto en Yucatán como en México, a raíz de la reforma energética, se convirtieron en espacios para que los grupos de poder mantengan el control sobre las comunidades, sobre todo por la falta de participación y políticas de Estado para fomentar la información y el diálogo […] Se da el derecho a explotación a unos privados, lo cual genera problemas”.
Indicó que se piensa que las grandes infraestructuras energéticas son el único sistema que puede prevalecer, “a pesar de que hay ejemplos en otros países donde los proyectos energéticos comunitarios se realizan.” Señaló que los ciudadanos están alejados de los aspectos técnicos y financieros de los proyectos y eso les impide el acceso a la toma de decisiones informadas. Mencionó que “cuando se dan procesos violentos y alterados para establecer los parques eólicos o solares la sociedad reproduce esas conductas arbitrarias.”
Por lo anterior rechazamos la manera en que se ha dado a conocer la información en La Jornada Maya, además manifestamos todo nuestro apoyo a los pueblos mayas y a las organizaciones que luchan junto con ellos pues consideramos que la demanda del respeto a sus derechos como pueblo originarios es justa y necesaria.
Pronunciamiento de Solidaridad con la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiinbal (Caminamos Juntos) por la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno T’Ho’
Mérida, Yucatán, Julio de 2018
A la Sociedad Civil de Yucatán y México
Al Congreso Nacional Indígena – Yucatán
Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios libres y privados
Las y los integrantes de la Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) T’Ho’ (Mérida) manifestamos nuestro apoyo total a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, conformada el pasado 13 de enero en la capital de Yucatán, así como el respeto a sus decisiones basadas en la autodeterminación y los trabajos que de ahí se desprendan.
La Asamblea está conformada por hombres y mujeres mayas de los pueblos Dzonot Carretero, Tizimín, Ebtún, Kisteil, Valladolid, Sinache, Dzilam, Suma, Chacabal, Buctzotz, Motul, Chocholá, Ticul, Muna, San José Tipceh, Sacalum, Peto, Tadziu, Hopelchén, y Dziuche, quienes se están organizando para defender el Territorio de los pueblos afectados por megaproyectos de energía eólica y solar fotovoltáica “provocan el despojo de nuestra tierra y Territorio” (seres sagrados, cenotes, vida y cultura, vegetación, animales, aves, insectos).
La Red de Apoyo al CIG T´Ho’ rechaza el intento de empresas privadas de controlar y despojar con engaños y desinformación, miles de hectáreas en Territorio maya, donde pretenden construir dichos megaproyectos atentando contra los derechos y valores culturales de los pueblos vulnerando el ambiente del hábitat, al que tienen derecho, ya que se están deforestando grandes extensiones de selva y vegetación de todo tipo.
Los megaproyectos planteados están impactando ya en la vida cotidiana de las comunidades, además de las consecuencias ambientales; existen proyectos que ya están operando sin haberse realizado previamente las consultas informadas y culturalmente adecuadas correspondientes, a las que están obligados por ley, empresas y gobiernos y que se deben realizar en las comunidades involucradas.
Ante esto, la Red de Apoyo al CIG T`Ho’ se suma al posicionamiento y exigencias de las personas y los pueblos que conforman la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal. Trabajaremos de la mano de la Asamblea para las tareas que consideren pertinentes, así como colaborar con la difusión de información a través de las plataformas digitales de la Red.
El Territorio no puede (ni debe) ser utilizado como mercancía, Múuch Xíinbal reclama su derecho a “decidir el modelo de vida y desarrollo” de su Territorio.
¡¡Nunca Más un México sin Nosotrxs!!
Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno T´Ho’ (Mérida)
Comentarios