Actores, perspectivas y prácticas en el desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran esca
Dr. Rodrigo Patiño, Cinvestav-Mérida/Foto: Bernardo Caamal-Múuch' Xíinbal
México, país tradicionalmente petrolero, ha comenzado tarde su transición energética, partiendo del uso casi exclusivo de combustibles de origen fósil (hidrocarburos principalmente) y diversificando lentamente hacia otros recursos naturales de los que se puede aprovechar la energía con menores emisiones de gases de efecto invernadero, como la radiación solar y el viento, entre otros. La reducción de estas emisiones es un compromiso de numerosos gobiernos en distintos países del mundo, en un intento de reducir el cambio climático global. Aunque el gobierno mexicano participa en estos compromisos, lo cierto es que también hay un declive en la producción petrolera nacional desde los años 2000, lo que ha obligado a buscar fuentes alternativas de energía. Todo esto, sin olvidar que desde los años 1990 hay una apertura del gobierno federal hacia la economía global de libre mercado, que incluye permisos de generación eléctrica a particulares en distintas modalidades.
Estos permisos se orientaron originalmente a las plantas eléctricas convencionales con el uso de hidrocarburos, pero desde hace 10 años se comenzó un rápido ascenso en la construcción de parques eólicos con inversión privada y principalmente en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde se tienen los mejores recursos eólicos del país. A la fecha se tienen instalados más de 20 parques eólicos privados de gran escala en Oaxaca, con importantes impactos locales negativos al medio ambiente y al tejido social. Las lecciones aprendidas fueron consideradas para proponer algunos cambios legislativos que fomentaran la sostenibilidad de nuevos proyectos eléctricos a partir de la Reforma Energética de 2013. Sin embargo, estas leyes no se cumplen cabalmente y muchas de ellas dejan vacíos legales que han permitido que las malas prácticas continúen en nuevos proyectos eléctricos a desarrollarse por todo el país.
Dr. Alfonso Munguía, Instituto Tecnológico de Mérida/ Foto: Foto: Bernardo Caamal-Múuch' Xíinbal
En los resultados de la llamada Primera Subasta de Largo Plazo nacional, en marzo de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó nueve proyectos eléctricos de gran escala asignados para distintos puntos del estado de Yucatán, básicamente con fundamentos técnicos y económicos (un déficit eléctrico y de gas en la Península), pero sin consideraciones sociales y ambientales. Por ejemplo, correspondía a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de carácter regional que, hasta la fecha, no se tiene. La EAE permitiría revisar la viabilidad ambiental, social y económica de estos parques eléctricos de gran escala en Yucatán, así como un diagnóstico de impactos acumulativos y sinérgicos de más de 20 proyectos eólicos y fotovoltaicos que al momento han sido autorizados por la CRE. Aún sin este diagnóstico, la Semarnat ha autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para más de 10 proyectos eléctricos en la región.
Por su lado, la Secretaría de Energía (Sener) es responsable de revisar la Evaluación de Impacto Social (EvIS) para cada proyecto, y con esto considerar la pertinencia de hacer Consultas Indígenas. Aunque la Sener reconoció que todo el estado de Yucatán es territorio Maya y que las Consultas Indígenas son necesarias; se ha comenzado a organizar Consultas Indígenas individuales por comunidad, tomándose la libertad de no hacerla en algunas comunidades y de intentar hacerla sin los estándares internacionales en otras comunidades. Esto contradice el derecho indígena a la libre determinación que debe respetar México de acuerdo a compromisos internacionales que ha firmado en la materia. Desde antes de la firma de contratos con los propietarios de las tierras que se requieren para desarrollar estos proyectos y hasta los procesos de Consulta, van apareciendo diversas organizaciones privadas, consultores y organizaciones no gubernamentales que están interesadas en ayudar a las empresas a evitar conflictos, pero su apoyo no es verídico: además de obtener algún beneficio económico, en realidad las afectaciones al medio ambiente y a las comunidades no se evitan, como ya se ha constatado en diversos proyectos similares en todo el país.
Al seguir un modelo que obedece a los intereses económicos nacionales e internacionales, es evidente que se vulneran los intereses socioambientales locales. Esta ya es una primera agresión de las distintas oficinas del gobierno federal hacia el territorio regional, que permite actuar de una manera también agresiva a las empresas desarrolladoras de los proyectos. Aunque los asuntos de energía son competencia directa de la Federación, el gobierno de Yucatán ha venido involucrándose cada vez más en estos procesos, pero las autoridades municipales y ejidales de los territorios involucrados están poco enteradas o corrompidas, dejando muy amplia acción y poder a las oficinas federales como a las empresas. En esta confusión de facultades y derechos, las empresas han aprovechado para repetir prácticas que se han visto previamente en el desarrollo de los parques eólicos de Oaxaca: amenazas a la población, compra de voluntades, ofrecimiento de regalos y beneficios, información insuficiente o poco veraz, etc. Con el fin de protegerse con un involucramiento directo, las empresas normalmente realizan estas prácticas contratando a los llamados “coyotes”, que ofrecen sus servicios para ganar la voluntad de la comunidad: ya sea mediante el ofrecimiento de asesorías para mejorar las condiciones del proyecto en beneficio de la población local; mediante regalos de distintas índoles a la comunidad (comida, productos deportivos, apoyo para fiestas o reuniones sociales, servicios de apoyo a la comunidad, etc.); o mediante la provocación de enfrentamientos y conflictos entre distintos sectores de la población, con el fin de intimidar a los posibles opositores.
Como se ha podido evidenciar, los proyectos energéticos federales no tienen un diseño adecuado, lo que permite prácticas que obedecen a intereses privados, de funcionarios, empresarios e incluso de gobiernos internacionales. Un modelo con buenas prácticas permitiría que la población entera tuviera acceso a la información de manera transparente, debatiera sobre distintas opciones de desarrollo socioeconómico y diera prioridad a criterios de sostenibilidad desde lo local. De esta manera, las comunidades rurales como las ciudades, pueden establecer prioridades y caminos de desarrollo propios, en función de sus capacidades y necesidades, con un apoyo del gobierno nacional para cumplir finalmente con los compromisos globales. Dentro de estos modelos alternativos, el uso de las fuentes renovables de energía permite una nueva forma de empoderamiento de los ciudadanos a través de la descentralización y la generación distribuida, pero también una concientización y un compromiso compartido. Evidentemente, estos nuevos modelos de gobernanza incluyen garantizar un acceso universal a la energía, mejorando la calidad de vida de los sectores más vulnerados y buscando una soberanía en la gestión de los recursos naturales de la región.
