Una consulta pendiente
Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Alrededor de 80 habitantes de San José Tibceh, una exhacienda henequenera en Muna, se han opuesto desde hace un año al desarrollo de un megaparque de energía solar, que tendría más de un millón de paneles solares y que implicaría la deforestación de más de 700 hectáreas en el sur de Yucatán.
“Mi suegra está preocupada”, me comenta una habitante de San José Tibceh. “Un muchacho le dijo a mi suegra que van a matar a dos habitantes del pueblo”, incluyendo a su esposo.
La preocupación anterior forma parte de toda una serie más amplia de amenazas, agresiones, violencia y conflicto que se está viviendo en San José a raíz del anuncio del desarrollo del parque solar y de la realización de una “consulta previa, libre e informada” por el Estado mexicano. Entre estas agresiones está el intento de “machetear” a un joven de San José que ha sido crítico del parque solar y que se atrevió a cuestionar el proyecto en un evento académico en Mérida.
El conflicto ha sido tal que, a finales del año pasado, las partes se reunieron en el Palacio de Gobierno en Mérida para buscar una solución. Hasta el momento, de acuerdo con los habitantes de San José, el gobierno no ha hecho nada.
¿A qué se debe el conflicto? El parque solar llamado Ticul A y Ticul B, promovido por la empresa Sun Power en los municipios de Muna, Ticul y Sacalum, fue uno de los proyectos que surgieron de la subasta de energía eléctrica a largo plazo de 2016. Forma parte de la Reforma Energética de diciembre de 2013 y, particularmente, de la política del estado de transición hacia energías “renovables” o “limpias”, como la solar y la eólica.
El proyecto incluye 1.227,200 paneles fotovoltaicos, una subestación eléctrica elevadora, estructuras metálicas, una línea eléctrica de transmisión, una red de caminos, una red de conducción de energía y un edificio de operación y mantenimiento. Todo esto en una superficie de 767.23 hectáreas, en tierras privadas y ejidales.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa que promueve el parque solar, solo para el proyecto Ticul A —que abarca 500 ha—, se desmontarán 455 ha de vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia, principalmente ja’abin (Piscidia piscipula (L.) Sarg), k’an xu’ul (Lonchocarpus xuul Lundell) y ts’iits’ilche’ o (Gymnopodium floribundum Rolfe).
Esa vegetación tiene usos medicinales, culinarios, melíferos, combustible y maderable, y es un lugar muy atractivo como área de forrajeo para aves, especialmente el carpintero chejé (Melanerpes aurifrons) y el tordo cantor (Dives dives). Para los habitantes de San José, la idea de la transición hacia energías renovables no es algo negativo. El problema es la forma en que el Estado ha llevado al cabo esta transición.
El Estado mexicano no cumplió con su obligación de consultar de manera previa, libre e informada a la comunidad de San José y otras comunidades afectadas por el desarrollo del parque solar. Esta falta fue expuesta en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Yucatán” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Panamá, en diciembre de 2016.
En esa audiencia, un funcionario de la Secretaría de Energía reconoció el incumplimiento del Estado de consultar a San José Tibceh y anunció que pronto se haría.
La consulta a la comunidad de San José Tibceh comenzó en abril de 2017 en un contexto de desconfianza. Un año antes, en febrero de 2016, la comunidad había sido engañada por un intermediario que les había rentado 300 hectáreas de tierras ejidales para, supuestamente, sembrar cítricos y estevia. Este intermediario había estado involucrado años atrás en polémico caso del hospital inconcluso de Ticul durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
En el acta de asamblea en donde se autorizó el usufructo a este intermediario de las 300 ha de tierras de uso común, se dice que estas “será[n] destinada[s] a la actividades [sic] agrícola”. De acuerdo con algunos habitantes de San José, el intermediario llegó con cuatro personas más y amenazaron a los ejidatarios para firmar, diciendo que “si no firman, no les damos nada”. También recuerdan que el intermediario expresó que “San José es de él” y que “los va a sacar”.
De acuerdo con cifras oficiales, en San José habitan 513 personas y el 65% de la población es indígena. Sin embargo, solo 102 personas son ejidatarios y tienen derechos sobre las mil 522 hectáreas que conforman el ejido de San José.
Tradicionalmente, son los ejidatarios los únicos que pueden decidir sobre las tierras. Sin embargo, el derecho internacional y las leyes mexicanas son claras en que la consulta previa, libre e informada es a la comunidad indígena, no únicamente al ejido. Esto lo han aprendido muy bien quienes se oponen al parque solar, y enfatizan que no solo los ejidatarios tienen derechos, sino que el resto del pueblo también los tiene.
No obstante, la consulta, lejos de resolver los problemas en San José, ha provocado nuevos conflictos, como los mencionados al inicio de este artículo. Ante este conflictivo escenario, y tomando en cuenta las preocupaciones de quienes se oponen al parque solar, me parece importante que las autoridades estatales y federales responsables del tema tomen en consideración los siguientes elementos.
1) La consulta no es solo para que participe la comunidad, sino que también es una medida de protección de las tierras, territorios y recursos naturales. Una de las principales causas de conflicto en la consulta en San José es que la mayoría de los ejidatarios quiere rentar sus tierras para el desarrollo del proyecto. De acuerdo con los opositores al parque solar, las autoridades responsables de la consulta solo toman en consideración a dicha mayoría.
Hay que recordar que la consulta previa, libre e informada, como un derecho de los pueblos indígenas, no es un simple proceso de votación en el que gana la mayoría. Ciertamente, como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la consulta es un importante medio de participación de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan.
Pero las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que también son obligatorias para el Estado mexicano, han dejado muy claro que el sentido de la consulta es que ésta es una medida de protección de la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la cual no se reduce a las tierras reconocidas con títulos legales, como el ejido.
Dicho en otras palabras: la consulta tiene sentido solo si sirve como una forma de protección de las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas, no importa si es solo una minoría la que está exigiendo dicha protección.
2) Información. Una de las características esenciales de la consulta indígena es que ésta debe ser “informada”. Algunos habitantes de San José que participan en la consulta han expresado preocupación porque, en las sesiones informativas del proceso, los expositores no han dado el tiempo suficiente para responder a las preguntas en el momento y en cambio han pedido que los participantes envíen sus preguntas por correo electrónico. Es fundamental que las sesiones informativas cuenten con el tiempo suficiente y que todas las preguntas sean respondidas en el momento.
3) Libre. Otro rasgo central de la consulta es que ésta debe ser “libre”, lo que quiere decir es que no debe haber intimidaciones, coacción o cualquier otra forma de violencia. Varios habitantes de San José se han quejado de que en las sesiones de consulta algunos asistentes son expulsados de las sesiones. Aunque una mayoría de ejidatarios exija la expulsión de algunos asistentes, las autoridades deben garantizar la participación libre en las sesiones de consulta. Una forma de contribuir al carácter libre de la consulta es la participación de observadores externos a la comunidad, sobre todo si cuentan con experiencia en temas de derechos humanos, así como de medios de comunicación que documenten lo sucedido en las sesiones.
El conflicto en San José Tibceh, que ya está siendo considerado un caso “paradigmático” de violación a derechos humanos en la Península de Yucatán, puede ser el futuro cercano de muchas otras comunidades del Estado que están siendo afectadas por proyectos de desarrollo similares. Es una alerta a la que autoridades y ciudadanos debemos atender urgentemente, vigilando la protección de los derechos humanos y ambientales.
(Con fines de protección de las personas entrevistadas, todos los nombres han sido omitidos).— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Nota publicada en el "Diario de Yucatán". Ver nota
