Los parques eólicos en Yucatán: evidencia de crímenes ambientales y de silencios cómplices

Parque eólico de Dzilam Bravo/ Foto: Haizel de la Cruz

Por: Juan Carlos Faller Menéndez

Otra vez nos tocó analizar el documento de “Manifestación de Impacto Ambiental” (MIA) de un mega-proyecto eólico en Yucatán. En esta ocasión fue el correspondiente a la “Ampliación del Parque Eólico Tizimín”, es decir (y lo digo con toda la responsabilidad que ello conlleva), el de la ampliación de un criminal “desarrollo energético”, perpetrado por delincuentes agrupados en una organización delincuencial que lleva por nombre “Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, SA de CV”, la cual presume estar afiliada al cártel criminal respectivo: la “Agrupación Peninsular de Energía Renovable”.

Durante el sexenio pasado (que ha sido --por mucho-- el más corrupto en la historia de México), los grupos criminales arriba mencionados tuvieron su etapa de gloria y pudieron hacer lo que les vino en gana, sembrando con total impunidad, cinismo y descaro un puñado de megaparques de energía alternativa, asesinos de vida silvestre.

El documento de MIA que nos tocó analizar ahora no es diferente a los otros que ya hemos revisado antes (algunos de los cuales fueron aprobados sin mayor trámite el sexenio pasado), y lo resumo así: un burdo y vergonzoso intento de ocultar los atroces daños ambientales que las turbinas eólicas causarán (y causan, pues algunas ya están funcionando) en las zonas costeras del norte de Yucatán.

Hago un breve resumen de este nuevo intento de engaño:

1) El emplazamiento del proyecto eólico contraviene criterios básicos del Programa de Ordenamiento Costero del Estado de Yucatán (POETCY) y omite un análisis exhaustivo de los criterios de regulación ecológica.

2) La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) respectiva, presenta una deficiente y discrecional vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos.

3) La MIA omite una vinculación con la Ley vigente, que es la Ley de Transición Energética.

4) La MIA hace una vinculación discrecional (es decir, incompleta y sesgada) respecto a la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento.

5) LAMIA presenta una deficiente e inexacta descripción de la línea base ambiental, y por lo tanto una deficiente identificación y evaluación de los impactos ambientales, minimizando afectaciones significativas. Especialmente grave es el ocultamiento del gran impacto que tendrá para las aves migratorias y los murciélagos.

6) La MIA presenta datos imprecisos, o bien omite información clave, lo que obstaculiza un proceso transparente y limita el acceso a la información pública.

Estas son sólo algunas de las irregularidades del documento de la MIA y del proyecto de “Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, SA de CV”. Sin embargo, la empresa no está sola en su plan delincuencial, sino que aún cuenta con apoyos (con disfraz de ineptitudes) en la misma SEMARNAT; ejemplo notable de ello fue la publicación de información errónea en su misma Gaceta Ecológica 2019 (No. DGIRA/052/19) sobre algo tan elemental como el domicilio de su delegación en Yucatán, entorpeciendo con ello la entrega de comentarios a la MIA en el periodo de “consulta pública”.

Adicionalmente, los megaproyectos criminales en Yucatán cuentan también con el apoyo cómplice de universidades y “organizaciones civiles” hipócritas y simuladoras. En especial podemos nombrar a cuatro:

1) La Universidad Marista de Mérida, que no sólo tiene una Licenciatura en Administración de Recursos Naturales, sino en particular un Diplomado en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental, al servcio (según toda la evidencia) de los megaproyectos criminales. Silencios como el de la Universidad Marista de Mérida no dejan duda sobre su verdadera “función social”: avalar y bendecir los megaproyectos que le ofrezcan donaciones a ella y trabajo a sus egresados.

2) Pronatura Península de Yucatán, A.C. (PPY), cuyo silencio en este tema es uno de los más estridentes, pues esta asociación civil siempre ha proclamado su “compromiso” con la conservación de la biodiversidad, en especial de las aves (su logo, de hecho, es un ave). A estas alturas no sabemos si el silencio de PPY se debe a sobornos recibidos por su añeja directora (la M. en C. María Andrade Hernández), o a compromisos empresariales contraídos por miembros del Consejo Directivo, o a una mezcla de ambos.

3) Fundación Pedro y Elena Hernández, A.C. (que lleva los nombres de los progenitores del ex banquero Roberto Hernández Ramírez), misma que tiene al flamenco rosa como su especie bandera en la Península de Yucatán. Esta ave (migratoria regional de la costa norte de la Península) es una de las más amenazadas por las hélices de los aerogeneradores, por lo que el silencio de esta asociación civil sólo puede circunscribirse en una lógica de sobornos y/o de intereses empresariales compartidos con los delincuentes ambientales.

4) The Nature Conservancy (TNC), organización trasnacional de “conservación” con fuerte presencia en la Península de Yucatán debido especialmente a su interés en conservar las aves migratorias, por lo que su silencio es también notable e inexplicable en una lógica que no sea la de la complicidad con los criminales ambientales. Dos de los más destacados miembros de su Consejo de Conservación de América Latina de TNC son Roberto Hernández Ramírez y Emilio Azcárraga Jean.

En cuanto a estas cuatro asociaciones e instituciones, no es la primera vez que hacemos mención de ellas, pero su actitud sigue siendo la misma: la de guardar un hermético silencio criminal y cómplice. ¿Hasta cuándo?

(J.C.F.M., 20 de noviembre de 2019)