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“Consulta indígena nacional”, otra mamarrachada de AMLO


Reunión informativa, Kisteil, Yucatán/ foto: Haizel de la Cruz


Llegó a mis manos una copia del machote (a medio llenar) de una “Minuta de reunión para difusión del proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano” que un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) entregó el pasado domingo 30 de junio al comisario de un ejido maya de Quintana Roo.


Junto con la minuta viene un documento de casi 40 páginas que contiene la convocatoria al “proceso de consulta” (13 páginas), así como un supuesto “protocolo de consulta” (26 páginas).


¿La fecha programada para la “consulta” en Quintana Roo? 27 de julio, en Felipe Carrillo Puerto. Todo a las prisas, mal hecho, con el ánimo evidente de forzar el palomeo de los requisitos (incompletos, por cierto) de lo que debe ser una consulta indígena según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ONU), el cual establece que las consultas de este tipo deben ser libres, previas, informadas, DE BUENA FE y CULTURALMENTE ADECUADAS. Este último requisito brilla por su ausencia en todo el documento y en la minuta, por lo que es obvio que estamos ante otra burda simulación del gobierno federal, y por lo tanto el penúltimo requisito (la buena fe), aunque se menciona en el “protocolo”, está a todas luces ausente. Tal parece que en el fondo nada cambia en el gobierno federal en su trato con los indígenas, llámese como se llame el presidente.


La convocatoria adosada al machote de minuta está fechada el 3 de junio de 2019, y la firman la maestra Diana Álvarez Maury (Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación), y el director general del INPI, Lic. Adelfo Regino Montes.


En menos de dos meses (en algunos casos del norte y centro de México, menos de 18 días), el gobierno federal pretende sacar adelante -a como dé lugar- una consulta crucial para los pueblos indígenas y afromexicano, lo cual es un despropósito mayúsculo.


Tal vez el único requisito que cumplirá dicha “consulta” será el de ser previa (a la modificación de la Constitución), pero en cuanto a que vaya a ser libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, DEFINITIVAMENTE NO SERÁ EL CASO. Veamos algunas (pocas) razones del por qué no:



  1. Será una “consulta” mal informada, pues es evidente que no basta con darle a algunas y algunos representantes indígenas el legajo de la Convocatoria y el Protocolo, esperando que en pocos días y por su cuenta entiendan bien de qué se trata el asunto, y después les expliquen bien a sus comunidades y aclaren las dudas, y a partir de ello se tomen las decisiones comunitarias por consenso. En este “proceso de consulta” se está partiendo del falso (y mentiroso) supuesto de que los indígenas ya conocen todos sus derechos y los artículos constitucionales respectivos. Pero es obvio que no es así, y que hace falta todo un proceso de socialización de la información que contemple la explicación suficiente y exhaustiva de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Sin lo anterior no existirá la base desde la cual éstos puedan entender bien y valorar lo que se les está consultando.

  2. ¿Consulta libre? ¿En qué cabeza cabe que menos de dos meses (para el caso de los mayas peninsulares) es tiempo suficiente para hacer todo lo planteado en el punto anterior? La libertad no se lleva bien con los correteos ni con los plazos impuestos a rajatabla. Es una gran mentira que esta “consulta” vaya a ser libre.

  3. ¿Culturalmente adecuada? Para empezar, la información se está dando sólo en Español. ¿En dónde están las traducciones a las lenguas indígenas? ¿En dónde los peritos traductores respectivos? ¿Dónde está el reconocimiento a las formas tradicionales de consulta y toma de decisiones al interior de las comunidades indígenas? ¿Existe algún diagnóstico al respecto, que permita hacer una evaluación objetiva del avance de dicho proceso? Todo indica que no. Entonces, ¿qué seguridad hay que las autoridades y representantes indígenas llevarán a los “Foros Regionales de Consulta” (como se le ha dado en llamar a los eventos de “consulta” de sólo un día de duración por cada estado) el sentir y la opinión de sus comunidades?

  4. En cuanto a la buena fe, mejor ya ni abundamos.


En fin. Todo este proceso de “consulta nacional indígena” es un despropósito atroz, un mal chiste del presidente López en el que el gobierno mexicano está -otra vez- fabricando una simulación racista y autoritaria, una auténtica mamarrachada.


Y peor resulta que la responsable directa de todo esto sea la secretaria de Gobernación, Sra. Olga Sánchez Cordero, magistrada jubilada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué le sirvieron a la doña tantos años en el máximo órgano de impartición de justicia en México, si luego nos sale con esta porquería? Debería darle vergüenza a la señora Sánchez, y más al presidente López. La cuarta parece, sí, una vacilada de cuarta. (J.C.F.M., Mérida, Yucatán, 05 de julio de 2019)


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