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Posición de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch' Xíinbal” ante los megaproyect




Posición de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch' Xíinbal” ante los megaproyectos en la Península de Yucatán




I. ¿Quiénes somos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch' Xíinbal”?


Somos mujeres y hombres mayas de más de 20 comunidades de la Península de Yucatán, mayormente ejidatarios y campesinos que ven afectado el territorio peninsular por megaproyectos implementados por empresas que, al clásico modo conquistador, llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio.


Buscamos la autonomía de nuestro pueblo para preservar nuestra cultura y nuestro territorio, fortaleciendo procesos de autogestión territorial coherentes con nuestro derecho a definir el futuro que deseamos. Sostenemos que este derecho es fundamental y es urgente ejercerlo para lograr modelos de desarrollo comunitarios participativos en los que las propuestas y proyectos en general, surjan y sean gestionados desde las comunidades. Aseguramos que nuestro derecho a la libre autodeterminación, refrendado por instrumentos legales nacionales e internacionales, es consecuente con una visión de justicia ambiental desde la cual es necesario abordar el problema global de cambio climático.


Compartimos el propósito de "promover un espacio de discusión sobre el ejercicio de la libre determinación del pueblo maya y el tema de la potestad constitucional de los pueblos y comunidades indígenas a preservar su territorio".


Sin embargo, como Asamblea Múuch' Xíinbal, planteamos la urgencia de ir más allá de la discusión de la libre determinación, más bien llevar a cabo la práctica de la libre determinación de nuestro pueblo maya y más allá de entender nuestra potestad constitucional; aplicar en nuestras comunidades las diferentes potestades para defender nuestro territorio de las grandes empresas y del gobierno que nos despojan como pueblo maya.


Múuch' Xíinbal es una Asamblea itinerante, NO una Asociación Civil. Nuestro espacio de encuentro es en alguna comunidad de la Península de Yucatán, previo acuerdo entre la comunidad y la Asamblea. Así compartimos nuestros problemas en torno a los megaproyectos y construimos acuerdos sobre las estrategias de defensa de nuestro territorio.


Múuch' Xíinbal no pretende apropiarse de los conflictos ni suplantar a las comunidades en su lucha: busca y quiere ser un espacio de comunicación, acompañamiento, alianzas e intercambio de experiencias. Creemos firmemente que así se logra el fortalecimiento de los procesos de defensa, y tenemos la convicción de que sumando nuestras luchas es como nos vamos haciendo más fuertes y nuestra voz se vuelve más potente para exigir el respeto a nuestros derechos colectivos y a nuestro territorio.


Para construir este espacio de identidad y convergencia de luchas, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch' Xíinbal” se constituyó como tal el 13 de enero de 2018 bajo cinco acuerdos fundamentales:


1. No vendemos ni rentamos la tierra.


Es decir: no luchamos por alguna negociación por el precio de la tierra. Nuestra tierra no es negociable. No queremos ser despojados de ella porque es la fuente de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestro aprendizaje, de nuestra lengua y cultura. Por eso no podemos estar fuera de ella ni permitir que sea lastimada.



2. No a las religiones.

Es decir: no ondeamos ninguna bandera religiosa. Somos respetuosos como Asamblea de la creencia de cada uno de nuestros integrantes. Nuestra lucha no tiene que ver fundamentalmente con las doctrinas religiosas; sin embargo somos muy agradecidos con todas las organizaciones que nos respetan y apoyan nuestra causa sin fines proselitistas ni sectarios.


3. No a los partidos políticos.

Es decir: somos apartidistas como organización. No hacemos alianzas con ningún partido político ni les servimos para sus fines. Cada integrante de nuestra Asamblea puede militar en el partido de su preferencia y votar por él según sus convicciones, pero no puede hacer campaña ni proselitismo en nuestra organización. Si decide ser candidato de elección popular, se da de baja inmediatamente en nuestra organización.


4. Sí a la cultura y lengua maya.

La cultura y la lengua maya son también nuestro territorio. No estamos dispuestos a renunciar a nuestro pensamiento, a nuestras artes, a nuestras creencias, a nuestra relación con la tierra, a nuestros ritos, a nuestra historia. Defender nuestro territorio es, en el fondo, la defensa de nuestra cultura y nuestra lengua.


5. Sí a la defensa de nuestros derechos como pueblo maya.

Nuestras herramientas de defensa son la organización, la información, la comunicación, la educación, las alianzas con otras organizaciones honestas y transparentes, la vía jurídica, la promoción de nuestra lengua y cultura, la denuncia pública, el diálogo y la movilización.


II. Posicionamiento frente a los megaproyectos de despojo.


Buscamos preservar la vida misma, y con ella nuestra cultura y nuestro territorio mediante procesos autogestivos; sostenemos que una propuesta honesta de solución a los problemas globales de cambio climático debe ser ante todo plenamente respetuosa de nuestro derecho a decidir el futuro que queremos.


Sostenemos que el problema del cambio climático es ante todo un problema de justicia ambiental, pero hasta ahora la forma en que se ha abordado es desde una visión desarrollista ya agotada y rebasada por los hechos. Por lo tanto, estamos contra cualquier proyecto desarrollista que vulnere aún más nuestras capacidades e instituciones de buen gobierno territorial, en aras de la especulación financiera sobre la tierra, la extracción masiva de los recursos, la contaminación y el daño a la flora y la fauna, pues ello agrede en lo más hondo nuestros valores comunitarios, ambientales, culturales y espirituales.


En menos de tres años, este modelo de energía renovable ha generado muchos conflictos. Las empresas llegan a cada vez más comunidades a intentar corromper a autoridades y vecinos con el fin de obtener contratos. Las empresas ya están usando intimidaciones y amenazas para hacerse con el control de nuestros pueblos. Si no hay un cambio de modelo, el conflicto será cada vez mayor.


Queremos dejar en claro que no estamos en contra de las energías renovables, como a veces se nos acusa de manera mentirosa y perversa. Estamos en contra, eso sí, del modelo que permite y promueve la implementación de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en la Península de Yucatán, pues no son sustentables ecológica ni socialmente, ya que tan sólo buscan la producción energética a gran escala sin tener una visión integral del uso, el consumo y la distribución de la electricidad, minimizando a toda costa el análisis de los impactos socio-culturales y ambientales que dichos monstruos conllevan.


Por ejemplo, los parques eólicos construidos o autorizados en Yucatán se ubican en la región costera, en colindancia con reservas de gran importancia para aves migratorias y residentes (como el flamenco), lo que implica el riesgo de una gran mortandad por colisión con los aerogeneradores. Los megaproyectos fotovoltaicos, por su parte, implican la deforestación de cientos de hectáreas de selva y otros ecosistemas de gran valor. Al poner la búsqueda de lucro por delante de consideraciones socio-culturales y ambientales, las empresas caen en serias contradicciones y desacreditan a las energías renovables en su conjunto.


Las empresas aprovechan, además, las carencias en nuestros pueblos y la falta de información. Sus agentes y coyotes llegan a las comunidades corrompiendo con dádivas y engaños a autoridades y vecinos, amenazando e intimidando a los que se oponen al saqueo territorial, creando división y discordia en los pueblos con tal de conseguir las firmas en los contratos de arrendamiento o usufructo con los cuales nuestras comunidades pierden legalmente el control sobre el territorio. De este modo agreden nuestro vínculo con la tierra y la naturaleza, nuestra identidad y nuestros lazos comunitarios. Si esto no cambia radicalmente, los conflictos serán cada vez mayores.


Los gobiernos estatales y federal, promotores y cómplices, pretende reducir nuestros derechos a supuestas consultas indígenas, que en realidad son simulaciones amañadas para beneficiar a los megaproyectos, y que buscan que nuestro territorio, que es base de nuestra identidad, sea tratado como mercancía.


Particularmente grave es que la misma SEMARNAT federal no haya cumplido todavía con su obligación de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica en Yucatán, y por lo tanto no se haya estimado la capacidad de carga del territorio ni los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de proyectos energéticos.


Exigimos, pues, que la SEMARNAT reponga el procedimiento y se haga ya la Evaluación Ambiental Estratégica sobre energías renovables en Yucatán, basada en un diagnóstico riguroso de la capacidad de carga del territorio y de los efectos acumulativos y sinérgicos de los proyectos, vinculada a los programas de ordenamiento territorial y con participación efectiva y amplia de las comunidades mayas. Queremos combatir el cambio climático protegiendo nuestras formas de vida, nuestras relaciones comunitarias y nuestro vínculo con el territorio.


El gobierno debe reconocer que el modelo actual de implementación de las energías renovables es inviable social y ambientalmente, y debe darnos el lugar que por derecho nos corresponde para la elaboración de un nuevo modelo.


Para que esto sea así, demandamos que la Evaluación Ambiental Estratégica sea un proceso democrático liderado por las comunidades indígenas que nos permita ejercer nuestro derecho colectivo a decidir qué tipo de desarrollo queremos en el territorio maya, incluyendo lo referente a las energías renovables.


Nosotros, los pueblos indígenas, estamos contra la comercialización de la tierra. Si realmente es cierto que los nuevos gobiernos quieren hacer una política diferente, que lo demuestren al poner en el centro de las decisiones los derechos de los pueblos indígenas, por encima de los intereses de las empresas.


III. Somos propositivos


Urge generar un modelo alternativo de transición a la energía renovable, que sea responsable, participativo y coherente, bajo control comunitario y que esté dirigido al cumplimiento de objetivos socio-culturales y ambientales, en lugar de enfocarse solamente en la obtención de ganancias monetarias.


Para ello, proponemos un modelo de transición energética con fines sociales y ambientales que:


  • Se base en proyectos pequeños y medianos, en lugar de megaproyectos.

  • Involucre y empodere a las comunidades mayas.

  • Mantenga la propiedad y los derechos de posesión sobre la tierra en manos de las comunidades.

  • No implique deforestación ni impacte zonas de alto valor ambiental.

  • Que acerque la generación de electricidad a las zonas donde se consume.

  • Se estructure legalmente en torno a objetivos sociales y ambientales,

  • Que rinda cuentas a las comunidades en el cumplimiento de dichos objetivos.


Este modelo no se ha dado hasta ahora debido a que el marco legal estaba diseñado para favorecer megaproyectos y hacía sumamente difícil llevar a cabo proyectos comunitarios. Los mecanismos administrativos que otorgaban acceso a la red eléctrica y a contratos de compraventa de electricidad no tomaban en cuenta ningún aspecto social o ambiental: únicamente consideraban aspectos económico-financieros, y daban importantes ventajas a grandes empresas privadas.


El marco legal y de política pública está actualmente cambiando para favorecer a iniciativas comunitarias o ciudadanas. El actual Plan Nacional de Desarrollo dice explícitamente que “se promoverán proyectos comunitarios de generación de energía renovable para erradicar la vulnerabilidad, pobreza y marginación energética”.


Estamos, pues, a favor de propuestas que vayan acordes con la protección y preservación de nuestra vida, de nuestro territorio y cultura, tales como los proyectos comunitarios de energías renovables.


Gracias.



Presentación del posicionamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya "Múuch' xíinbal" durante el foro “Kanáantik K-lu’umo’ob” convocado por La Red de Litigio Estratégico, Debido Proceso y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que se realizó en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

21 de Junio de 2019

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