Los “beneficios” del despojo, un fresco para la historia

La maestra Candelaria May en la defensa de su territorio, la antigua Sakí. Foto: Tomada de internet

Hay un nuevo tema de investigación en Yucatán que se presenta en los círculos académicos sin el menor rubor: el de cómo mitigar los daños sociales que ocasiona la irrupción de los megaproyectos energéticos en las comunidades rurales. Como diciendo: “Ya los fregaron; a ver cómo lo suavizamos”.

Pero las empresas energéticas se han adelantado -como casi siempre en estos casos- a la academia, y han establecido sus propios programas de “asistencia social” para dar algo de sustento al halago propio de ser “negocios socialmente responsables”, lo cual pregonan en todos los ámbitos posibles (y son aplaudidas por sus semejantes).

La imagen de “empresa buena” se gana siempre con una manita de gato (con pintura cual salivita) en calles y parques, y con una oficina que ellos llaman “casas abiertas” o “casas de cultura” cuyos trámites y trabajos se consideran “recursos” de la empresa; es decir, parte de El Megaproyecto (el nuevo amo del pueblo). Los trabajos de relumbrón y las oficinas instaladas son vistos en verdad como insumos (o moneda de cambio) que se utilizan en procesos violatorios al derecho de autodeterminación de los pueblos y que la empresa capitaliza como propaganda ante organismos financieros, para beneficio de la especulación. Las “casas abiertas” –llamadas así no sin cinismo- son, pues, apéndices de la empresa -sus ojos y oídos entre la gente- opacos en su accionar, carentes de mecanismos de rendición de cuentas y pagadas con dinero del pueblo.

Mientras tanto, el gobernador Mauricio Vila Dosal abraza -agradecido y conmovido- a los empresarios extranjeros “socialmente responsables” y da la bendición a sus coyotes locales (algunos son titulares de organismos “colegiados”, algunos están sembrados en el seno del mismo gobierno). Les da las gracias también en nombre de lxs mayas como si los conociera, como si los comprendiera, como si los escuchara, como si los respetara, como si en verdad los viera.

“Las migajas y los espejuelos son mejor que nada”, podrán argumentar algunos. ¿Será? Así inició el gran saqueo trasnacional (y el intento de exterminio cultural indígena) hace medio milenio, y que ahora sigue con renovado brío gracias a las facilidades que les dan los gobiernos traidores al pueblo.

Los nuevos conquistadores llegan a terreno fértil para sus fines extractivos. Arriban a un país hundido en deudas, con un Estado (conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes) reducido a su mínima expresión (gracias a más de tres décadas de neoliberalismo), corrupto hasta la médula, incapaz de proporcionarle al pueblo lo que en derecho le corresponde -la dignidad antes que nada.

Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Rolando Zapata Bello (ambos 2012-2018) ignoraron y despreciaron los principios básicos del Convenio 169 de la OIT (convertidos a ley máxima en México y en Yucatán hace ya varios años), a saber:

1.- El principio de no discriminación.

2.- El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado.

3.- El derecho a que se respete su integridad, sus culturas e instituciones.

4.- El derecho a determinar su propia forma de desarrollo.

5.- El derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca de políticas y programas que les interesen o les afecten.

6.- El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

(“Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas”, DPLF)

Dichos gobiernos (nacional y estatal) no sólo fallaron en ser garantes de estos derechos (como juraron falsamente), sino que abiertamente han violado estos derechos en el caso de los más de 20 megaproyectos de energía “limpia” que quieren establecerse en tierras mayas, permitiendo el coyotaje y el saqueo territorial, manejando indebida y criminalmente la información (vilmente escamoteada a lxs mayas), esquivando procedimientos obligatorios por ley de la misma SEMARNAT (pues ésta, por ejemplo, “no ha cumplido con su obligación de hacer una evaluación ambiental estratégica en Yucatán, ni se ha estimado la capacidad de carga del territorio ni los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de proyectos energéticos”, como bien señaló el Dr. Rodrigo Patiño Díaz en su artículo “Las trampas de la electricidad: lo local contra lo global” del lunes 20 de mayo en La Jornada Maya), etcétera.

Hoy Peña y “Rolo” ya no están; en su lugar llegaron AMLO y Vila Dosal, respectivamente. De AMLO no sabemos todavía bien qué (ni de Huacho Mena, su delegado local), pero de Vila sí: o es un ignorante espectacular de las leyes que juró cumplir y hacer cumplir (y su ignorancia no lo exonera), o es un hipócrita, cínico y mentiroso espectacular, pues las está violando abiertamente al seguir ayudando, abrazando y felicitando a los prepotentes y corruptos inversionistas extranjeros, y que juntos hoy (gobierno estatal y conquistadores “socialmente responsables”) tratan de borrar al sujeto maya del panorama desarrollista, ante la imposibilidad de borrar sus derechos colectivos.

El gobernador Mauricio Vila Dosal -junto con su clan familiar, sus cómplices y sus corifeos- siguen diciendo que “pensar en grande” es abrazar con ansia las inversiones extranjeras, agradeciendo sus dádivas y sus limosnas, haciéndose de la vista gorda ante las irregularidades y crímenes que las coronan. (Vila vendría a ser, puestas así las cosas, como un Peña Nieto a escala: la carita sonriente de una estructura criminal y racista, desvergonzada y cínica, ambiciosa y mentirosa).

Es un cuadro para la historia, un fresco sobre traición a la patria y a la Constitución, cinco siglos después de la conquista de México.

(J.C.F.M., Mérida, Yucatán, Junio de 2019).