Comunicado por Articulación Yucatán

Mérida, Yucatán, a 16 de mayo de 2019

C. Josefa González-Blanco

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

C. Rocío Nahle

Secretaria de Energía (SENER)

C. Mauricio Vila

Gobernador del estado de Yucatán

C. Sayda Melina Rodríguez Gómez

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Yucatán

C. Ernesto Herrera Novelo

Secretario de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET) del estado de Yucatán

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

A la Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A la prensa, a los yucatecos y a todos los mexicanos:

Como ciudadanos, miembros de comunidades mayas y académicos interesados en ayudar a impulsar una transición energética sustentable y justa, que responda eficazmente a la crisis de cambio climático que enfrentamos como sociedad, nos encontramos profundamente preocupados por las serias inconsistencias, riesgos y conflictos socioambientales que el modelo de desarrollo de megaproyectos de energía renovable en Yucatán está generando debido a una estrecha visión supeditada a la demanda de los grandes consumidores energéticos, -ubicados incluso fuera del estado-, y a los intereses económicos de los grandes desarrolladores privados, sin considerar la importancia de la preservación de los recursos naturales de la región, la capacidad de carga socioambiental del territorio y su vulnerabilidad misma. Lo anterior aunado a una serie de violaciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades mayas, y sin un proceso de evaluación interdisciplinario, público y transparente, de la política pública que enmarca el desarrollo de estos proyectos de gran escala.

Respetamos y respaldamos las demandas de respeto a los derechos bioculturales y territoriales que han suscrito en total legalidad, los pobladores mayas de diferentes comunidades de Yucatán que se verán directamente afectados por estos megaproyectos. Y hacemos un llamado urgente, al Gobierno Mexicano, en sus ámbitos Federal y Estatal, de garantizar condiciones que permitan salvaguardar la integridad física y mental, de aquellos pobladores mayas, que han sido víctimas de represalias y acoso, por manifestar en pleno ejercicio de sus derechos humanos, una visión crítica u opuesta a los megaproyectos de energía.

Convocamos al gobierno federal a revisar la actual política de Transición Energética que, diseñada en las administraciones anteriores, se supeditó a los intereses del mercado neoliberal pero no a los problemas de justicia ambiental ni al carácter estratégico que demanda la urgente necesidad de transformar el sistema energético a uno bajo en carbono. Hacemos un llamado hacer realidad lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: “La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energías con fuentes renovables,….para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo.” (p. 50, PND). Y a trabajar en el avance de modelos alternativos más sostenibles, responsables e inclusivos, cómo los de generación distribuida, comunitaria y ciudadana.

Exigimos que la SEMARNAT, cumpla con su deber legal de llevar a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de carácter regional (Artículo 19, de la ley de Transición Energética), que

permita determinar las características relevantes de los ecosistemas potencialmente afectables por lo proyectos, valorar regionalmente los impactos acumulativos y sinérgicos, y dictar las medidas de prevención y control a las que deben sujetarse los desarrolladores. Subrayamos el sentido amplio de la EAE, cuyo proceso debe ser llevado de manera democrática, participativa y transparente, y que no debe ser confundida ni reducida a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) regional, ni a un conjunto de estudios técnicos regionales.

Exigimos al Gobierno Mexicano, en sus ámbitos Federal y Estatal, atienda las recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, quien señaló las graves violaciones a los derechos de los pueblos mayas en Yucatán respecto al desarrollo de megaproyectos, en su informe “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México” (2018). Llamamos en especial a la SENER y a la SEMARNAT a rectificar los nombramientos de Melquisedec González Juárez y Katya Puga, cuya mala trayectoria -documentada públicamente- durante sus cargos en la administración de Peña Nieto, representa una afrenta para las comunidades indígenas y pone en riesgo la protección de sus derechos humanos y colectivos.

Recalcamos que los derechos de las comunidades mayas no se reducen a los procesos de consulta, sino que también se deben respetar sus derechos de integridad cultural, no discriminación, de libre determinación, a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han ocupado, entre otros. Asimismo, señalamos que los supuestos procesos de consulta indígena realizados en Yucatán, con motivo del desarrollo de los mega parques eólicos y solares, no han cumplido con los estándares internacionales que dicta las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Demandamos a las autoridades federales y estatales, a transparentar los procesos de evaluación, en particular las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), Las Evaluaciones de Impacto Social (EVIs) junto con los planes de Gestión Social, y las prospecciones arqueológicas. Y demandamos una evaluación que recurra a los más altos estándares científicos e internacionales, de manera objetiva, interdisciplinaria y pública.

Demandamos a las autoridades competentes, a cumplir el mandato de vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán (POETY) y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY).

Urgimos a las autoridades del gobierno federal y estatal, y a otros actores políticos importantes como la CANACINTRA-Yucatán, a respetar las demandas de las comunidades locales e indígenas, reconocer sus derechos y voces de igual importancia que el de los actores con intereses económicos. Así mismo, extendemos una cordial invitación a conocer los análisis realizados desde la comunidad académica sobre los impactos y conflictos socioambientales de los megaproyectos de energía, basados en un trabajo metodológico riguroso y dirigido a la protección del territorio nacional y al planeta en que vivimos.

Reiteramos estar a favor de una transición energética que garantice una visión de sostenibilidad, que sea responsable con las características socioambientales de la región, con las necesidades de su población, en apego al estado de derecho y de respeto a los derechos humanos.

Atentamente,

Articulación Yucatán

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal 238 firmas más, (al corte del 15 Mayo 19).

Si deseas sumarte: https://forms.gle/6HvsD5QAx1RfBZBZ8